El principal aliado de Mauricio Macri en la región, el presidente brasileño Michel Temer, logró hacer pasar la semana última una escandalosa reforma laboral, y desde la Casa Rosada ya no ocultan su intención de avanzar en el mismo sentido. El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, admitió que es posible que en breve comience una discusión para avanzar en una reforma laboral.
En concreto, el Gobierno solo ofreció hasta ahora señales acotadas de sus objetivos reformistas en el terreno laboral. Ellos apuntan, según el borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral se proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación, y quizás el aspecto más ambicioso acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los sindicatos petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.
Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo sobre la legislación argentina. Con el argumento de la necesidad de readecuar el mundo del trabajo para generar empleo, la polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país.
A la par que incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización laboral.
En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos.
