Latinoamérica vive una crisis carcelaria en el marco de la pandemia por el coronavirus luego de que varios países registrarán motines en las cárceles, cientos contagiados y hasta fallecidos.
En Perú, la población del sistema penitenciario es de al menos 90.638 personas, según cifras actualizadas en noviembre de 2018 por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De las 68 cárceles del país, 23 albergan a más de 1.200 personas, a pesar que solo ocho cuentan con dicha capacidad.
Además, según información que difundió el domingo Cuarto Poder, el promedio de hacinamiento de los penales en el país es de 140% y en algunos casos el hacinamiento puede llegar a 500%.
Con esta situación previa a la llegada del COVID-19, la pandemia puso en grave peligro a los miles de internos.
Ayer por la tarde, se reportó un motín en el penal Castro Castro en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima). En las redes sociales, los detenidos publicaron videos de lo que pasaba dentro del penal, donde incluso se inició un incendio.
En declaraciones a El Comercio, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, afirmó que el motín estaba controlado y descartó que haya dos internos, como afirmaban los reclusos. Señaló que el número de infectados con COVID-19 era de cinco, que fueron evacuadas al hospital. Además, dijo que los internos pedían que se permita la salida de más detenidos y que lleguen medicamentos para tratar la enfermedad.
Sin embargo, por la noche, el INPE tuvo que terminar por confirmar lo que antes había negado: tres personas murieron al interior del penal Castro Castro, las tres eran internos y las causas de sus decesos están siendo investigados.
En el penal Ancón 2 también se reportó un motín. Según informó el diario La República, los internos se amotinaron pidiendo medicamentos y que los atiendan. También piden alimentos: denuncian que solo están comiendo dos veces al día. A esto se suma que no están recibiendo comida de parte de sus familiares, ya que las visitas están restringidas.
Por otro lado, en el penal de Huamancaca Chico en Junín. Los internos pedían que se les realicen pruebas de COVID-19 tras la muerte de dos de sus compañeros de pabellón. Ante ello, la Policía ingresó disparando y lanzando bombas lacrimógenas, y se pudo controlar la situación.
La noche del domingo, dos internos de 68 y 69 años fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, debido a síntomas de COVID-19 y, lamentablemente, llegaron sin vida, según dijo a RPP Noticias, el director del establecimiento de salud, Juan Carlos Vergara.
CHILE Y COLOMBIA
La Gendarmería chilena informó el lunes que registran 266 contagiados por COVID-19 en las cárceles, los nuevos casos se reportaron en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, expenitenciaría.
En total, la institución registra 123 casos confirmados de internos y 143 de funcionarios, “quienes permanecen bajo monitoreo permanente”. Además, durante la última jornada se reportaron 16 nuevos casos de coronavirus en la expenitenciaría.
“Se realizaron 153 muestras, de las cuales cuatro funcionarios y 12 internos arrojaron resultado positivo”, indicó la institución.
Sobre los gendarmes del recinto que dieron positivo, todos “tienen domicilio en Santiago, por lo tanto, iniciaron el proceso de cuarentena en sus respectivos hogares”, confirmó el alcalde de la unidad penal, coronel Álvaro Rivera.
En Colombia, donde el hacinamiento en las cárceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha denominado “estado de cosas inconstitucional” el panorama no es distinto.
El virus llegó primero a la cárcel municipal de Villavicencio y se ha expandido desde entonces a otros centros de reclusión. Se registraron 23 muertes en disturbios carcelarios en Colombia desde que comenzó la pandemia. (Fuente: Nodal)
