Ayer se llevó a cabo la primera audiencia oral y pública por los delitos por los que fue acusada la joven lesbiana Mariana Gómez en Capital Federal. elDIARIO de la Región habló con su abogado Lisandro Teszkiewcz, quien explicó cómo se realizó esta audiencia, en la que ni Mariana ni su pareja, Rocío, pudieron declarar.
Según adelantó el abogado, los jueces tienen un plazo de cinco días para realizar su sentencia, aunque había muchas expectativas de que lo hicieran en el mismo día. Según opinó Adriana Carrasco, histórica activista lésbica y periodista, “se la ven difícil, por la repercusión del caso”. Y es que ayer el Tribunal en primera instancia estuvo colmado de organizaciones sociales y mujeres militantes por la diversidad que acudieron a acompañar a Mariana y Rocío.
En la jornada sólo se presentaron dos de los tres jueces varones asignados a este juicio, entre quienes se destaca el reconocido camarista Mariano González Palazzo. Según relató el abogado defensor, el fiscal que tomó la causa, Ricardo Sáenz, tomó vista del expediente pero no emitió argumentó alguno y ayer no estuvo presente. Por lo que el tribunal sólo escuchó la apelación de la defensa. Sáenz es otro nombre reconocido mediáticamente ya que fue el fiscal que se atrevió a dictaminar que Alberto Nisman fue “víctima de homicidio”.
Lo cierto que más allá de la presión social de los movimientos lésbicos y de mujeres, la causa está rodeada por ausencias (reales y simbólicas) y el objetivo de quitarle importancia a lo sucedido.
Otro dato a destacar es que los jueces se negaron a escuchar a “los amigos de tribunal”, figura judicial que en ciertas audiencias se permite y que tiene que ver con personas jurídicas o reales que tengan algún interés en la causa, explicó Teszkiewcz. Así, recibieron los escritos de la Defensoría General Adjunta, la Asociación Pensamiento Penal, el Colectivo Diversidad y al organización 100% Diversidad, pero no los dejaron hablar.
La misma suerte corrió la propia imputada, la joven de 24 años detenida arbitrariamente por un policía de la Ciudad de Buenos Aires y su esposa Rocío Girat. Tanto el abogado como varias activistas que estuvieron presentes señalaron como la pareja salió “quebrada” por la incertidumbre y la frialdad de la audiencia. Sobre porque una vez más su versión no se tuvo en cuenta.
“Le negaron el uso de la palabra a Mariana, tal como lo hicieron cuando condenaron, sin audiencias, a sus abusadores”, resaltó, a ella “nunca la ha escuchado ningún juez”.
Cabe recordar que Mariana y Rocío tuvieron un pasado de abuso sexual con una laxa sentencia judicial. “Me molesta que a mí me procesaron en cuatro meses y para procesar a mis violadores demoraron más de tres años”, había dicho Mariana a Página 12. En juicio abreviado, su padrastro y su abuelastro recibieron de parte del Tribunal Oral en lo Criminal de Azul N° 1 una condena a ocho años de prisión por abusar sexualmente de ella, una hermana y una hermanastra suya desde pequeñas y a lo largo de más de una década. Rocía también sufrió años de violación por parte de su progenitor a la que un tribunal de Mar del Plata le otorgó prisión domiciliaria al poco tiempo de ser sentenciado.
Teszkiewcz adelantó que están “confiados” en que será una sentencia positiva ya que el presidente del Tribunal les realizó preguntas técnicas específicas con respecto a la presunción de legítima defensa. Para que haya resistencia debe haber una acción legítima de la autoridad, “no puede ser delito la resistencia a la autoridad si no se explica primero a qué delito se resistió”, aclaró. Y es que tanto el policía Jonhatan Rojas, como su compañera Karen Villareal y el empleado del subte presente, José María Pérez, testificaron en el expediente que “es habitual que la gente fume” en ese lugar. Además, en la ciudad capital fumar en un lugar público prohibido “no tiene ninguna sanción para el fumador, lo que prevé es una sanción para los responsables del lugar”.
El letrado dejó en claro que a Mariana la golpearon y la arrestaron arbitrariamente “porque les molestó verla besarse con su esposa”. Contó que incluso luego de hacer ver a los policías que había otra gente fumando, la joven accedió a irse del lugar, a lo que Rojas respondió: “Pibe vos no te vas, quedas arrestado”. Así empezó ese 2 de octubre un largo camino de violencia institucional.
En paralelo, la pareja de mujeres realizó en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) una causa en la que son querellantes por considerar que la detención fue de forma arbitraria por discriminación hacia su orientación sexual.
A las 20 se realizó un nuevo “tuitazo” masivo en apoyo a las jóvenes y en contra de la discriminación y violencia contra las instituciones policiales y judiciales.
PERSECUCIÓN A
LAS DISIDENCIAS
El medio alternativo Cuadernos de militancia lesbiana, recordó que en el 2017 hubo tres casos paradigmáticos en retroceso a los derechos humanos de mujeres lesbianas.
“Analía de Jesús, Higui, continúa procesada por defenderse de una violación correctiva por lesbiana; lesbianas y bisexuales detenidas el 7 y el 8 de marzo, varias sufren vejaciones en el lugar de detención; sobreseídas, prosigue causa por violencia institucional contra las detenidas el 8 de marzo; Mariana apresada en Constitución, sufre vejaciones en el lugar de detención; guardia de Infantería y carros hidrantes apuntando a lesbianas que defendieron a tres gays golpeados por varones heterosexuales en una calle transversal durante la Marcha del Orgullo, no hubo detenciones, pero sí amedrentamiento; encarcelamiento de Estefanía, lesbiana afrodescendiente, en dependencias de Gendarmería después de la marcha del 14 de diciembre, no se le permitió usar el baño de mujeres, según ella precisaba”.
