La semana pasada, ATE Chaco se presentó ante la Justicia denunciando irregularidades mediante una medida cautelar en el marco de un amparo por el que se solicita la nulidad de las disposiciones internas por la que designaban a determinadas personas en niveles jerárquicos violentando la carrera administrativa de los trabajadores de la Inspección y las que fueron comunicadas a los mismos por un simple memorandum el 2 de septiembre del corriente. Asimismo, el sindicato solicitó que se exhorte al Ministerio de Gobierno y Justicia llamar en carácter de urgente a concurso de antecedentes y oposición en el ámbito de la Inspección General de Personas Jurídicas, debiendo convocar previamente una comisión técnica de observaciones con representación plurisindical a fin de garantizar la Ley que norma dicha Institución como también la carrera administrativa de todos sus trabajadores y trabajadoras.
“Cabe señalar que la medida cautelar tal como fuera notificada a la Inspección General de Personas Jurídicas instruye retrotraerse a la estructura y la disposición de cargos que mantenían previamente al dictado de las disposiciones, comunicadas a los trabajadores de dicha repartición por medio de un memorandum, debiendo mantenerlos en la situación de revista anterior a la que ostentaban, como así también de abstenerse a nombrar cargos jerárquicos violentando la Ley 1903-C, hasta tanto se resuelva el amparo”, explicó el secretario General del sindicato, Mario Bustamante.
“Como representantes de los trabajadores, celebramos que la Justicia entienda que no podemos seguir tolerando en un Estado de Derecho designaciones arbitrarias y contrario a todo derecho. No atacamos ninguna institución en sí ni mucho menos a atacamos a algún trabajador en particular. No estamos dañando a nadie. Al contrario, vivimos en un estado de Derecho y queremos que los accesos a los cargos sean respetando normas legales y constitucionales, respetando la carrera administrativa de los trabajadores, quienes se ven vulnerados por designaciones a dedo contrariando principio fundamentales del empleo público, como la legalidad, protección de la confianza legítima, progresividad, y en consecuencia vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores, como ser la carrera administrativa y el derecho de igualdad ante la ley” sostuvo Bustamante.
Y concluyó aclarando que “esta situación de incertidumbre jurídica y laboral en la que se vieron inmersos muchos de los trabajadores obliga a intervenir al sindicato en defensa de sus derechos fundamentales, gestionando en representación de sus intereses ante la Justicia”.
