Derechos Humanos

Intervención para frenar la criminalización del colectivo de mujeres: “No nos van a silenciar”

El colectivo de mujeres chaqueñas se expresó ayer frente a las oficinas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Resistencia en el marco de la presentación de la respuesta de las tres denunciadas por manifestarse en enero en la Iglesia Evangélica de Avivamiento Cristiano de Resistencia.

La activista feminista Débora Páez respondió a la denuncia Instituto por supuesto “odio religioso” que impulsó el pastor Roberto Acosta ante el Inadi y que, además, según adelantó el hombre, se usará en la causa penal que inició por daños e incitación a la violencia y en la que será querellante.

Paéz contó que además de las denuncias, “fanáticos religiosos realizaron escraches en redes sociales en y en todas las iglesias a nivel mundial, donde mostraron los videos” captados el 19 de enero durante una marcha en repudio de la no aplicación de la ILE a una niña de 12 años de Jujuy, violada por un hombre de 60 años.

La joven explicó que en esta oportunidad sólo presentó una respuesta a las acusaciones y reiteró: “Si bien la denunciada soy yo, esto puede afectar a todo el colectivo de mujeres porque se trata del primer caso en el que se criminaliza una manifestación de mujeres”.

Facebook "Plenario De Trabajadoras Chaco" / Gentileza 
Facebook «Plenario De Trabajadoras Chaco» / Gentileza

“NO NOS VAN A SILENCIAR”

Presente para visibilizar el intentó de criminalizar la lucha feminista, Charo Alcire de Las MCC Chaco, sostuvo que se trata de un hecho “gravísimo” para el conjunto del movimiento de mujeres de Chaco y a nivel nacional. Y adelantó que la campaña se nacionalizará por la gravedad de las acusaciones y “más por la lucha que estamos llevando por la aplicación de la ILE y la ESI”.

“No nos van a silenciar. No nos van a hacer sentir culpables de lo que no somos. Y en todo el país habrá expresiones de este tipo porque no podemos dejar que siente un precedente como este y más viniendo de quienes viene, que son los que organizan pañuelazos en hospitales para obligar a profesionales y familiares a que las niñas tengan hijos producto de violaciones”, sostuvo Alcire y recordó que la denuncia corresponde una manifestación por la no aplicación del protocolo ILE en Jujuy.

Por su parte, la histórica militante feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Teresa Cubells, coincidió en remarcar que las denuncias del pastor configuran un precedente “gravísimo” para el movimiento y las distintas organizaciones que están en la lucha por el cumplimiento de derechos y de leyes.

“En Jujuy no se cumplieron derechos”, recordó y marcó: “En Argentina, los antiderechos si pueden manifestarse en donde les parezca para pedir que no se cumplan con derechos establecidos hace mucho tiempo en el país”.

Cubells insistió que la lucha del colectivo de mujeres es “para que se cumpla la ley”. “Es un derecho que lo queremos para todas las mujeres del país”, expresó sobre la Interrupción legal del Embarazo.

Desde la Plenaria de Trabajadoras, Samanta Salas, señaló que las denuncias no son la única herramienta que utilizan para criminalizar a las mujeres ya que se viven “agresiones en la calle por usar el pañuelo verde; o en Iglesias las obligan a que se vayan o le prohíben seguir participando por defender el aborto legal”.

Recordó: “Débora aparece en el video (presentado como pruebo por el pastor) porque justamente intentaba impedir la agresión de la patota de la iglesia. Se ve claramente cómo trabaja el Estado con las iglesias para generar una criminalización sobre las compañeras que venimos luchando y un precedente para ir por las organizaciones que reclaman”. Y, en esa línea, recordó otro de los reclamos del movimiento feminista: “La separación de la Iglesia del Estado, un reclamo fundamental que va de la mano con el aborto legal porque no podemos seguir siendo cómplices en el avance sobre los derechos y de cómo intentan quitarnos toda posibilidad de expresión”.

 

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