Trabajadores judiciales se manifestaron este lunes en rechazo a una audiencia en la que, según denunciaron, se analizaba un posible desenganche del salario del personal respecto de los haberes de los jueces. El reclamo estuvo encabezado por representantes gremiales, quienes cuestionaron tanto el trámite judicial como un proyecto que habría ingresado a la Legislatura provincial.
Desde el sector señalaron que el sistema salarial vigente constituye un derecho adquirido, ya que establece una relación porcentual con lo que perciben los jueces del Superior Tribunal de Justicia. En ese sentido, advirtieron que cualquier intento de modificarlo implicaría avanzar sobre derechos laborales y salariales de los empleados judiciales.
La dirigente Graciela Aranda sostuvo que el expediente en cuestión ya tuvo una sentencia dictada en 2020, que luego fue considerada cumplida en 2021. Según explicó, la causa fue reactivada posteriormente y derivó en nuevas resoluciones, situación que desde el gremio consideran irregular porque, afirman, vulneraría el principio de cosa juzgada.
Además, Aranda cuestionó que el Poder Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley vinculado a un nuevo concepto de intangibilidad. Según planteó, la iniciativa beneficiaría únicamente a jueces o demandantes, dejando afuera al resto del personal judicial y generando una división entre trabajadores.
La representante gremial también apuntó contra la conformación del tribunal que interviene en la causa, al considerar que existen magistrados resolviendo sobre un sistema del cual también forman parte. “Son jueces y parte”, expresó al remarcar que las decisiones adoptadas terminan impactando sobre sus propios intereses.
En cuanto a los próximos pasos, adelantó que la intergremial judicial continuará reuniéndose para definir nuevas medidas de acción. También confirmó que participarán de una audiencia prevista en Casa de Gobierno, aunque cuestionó que ese encuentro se realice cuando, según indicó, el proyecto ya habría sido enviado a la Cámara de Diputados.
Aranda afirmó que el reclamo no se limita únicamente a una discusión salarial, sino que también involucra condiciones laborales, presiones internas, sobrecarga de tareas, violencia laboral y situaciones de persecución dentro del Poder Judicial.
Por último, sostuvo que la situación generó un profundo malestar entre empleados activos, jubilados, retirados y pensionados del sector. “Esto significó un cachetazo para los trabajadores”, expresó al describir el impacto que provocó la medida entre judiciales de Resistencia y del interior provincial.
Fuente: TN24
