El ingeniero Enrique Martínez, titular del Instituto para la Producción Popular (IPP) del Movimiento Evita, participó de la jornada que se realizó días atrás en el Museo Schulz de Resistencia, que tuvo como eje central "La agricultura familiar y la economía popular como derechos humanos". En ese marco, habló sobre desarrollo de dos reuniones consecutivas que se fusionaron finalmente para "entender cómo la agricultura familiar se integra a la economía en general y al abastecimiento de alimentos", tal como lo promovió Incupo en una convocatoria articulada con la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco.
En diálogo con el programa Tenemos que hablar, que se emite por la radio pública del Municipio de Resistencia, Martínez compartió los objetivos de discutir sobre la economía popular "como alternativa de largo plazo estructural al capitalismo. Pensar en términos de atender necesidades comunitarias y en cómo puede dejar atrás una organización social cuando se piensa en función del lucro y que realmente genera complicaciones que están muy a la vista y que cada día son peores".
"Somos muchos los que creemos que hay que defenderse y que la mejor forma es con un proyecto superador, porque si realmente lo que pretendemos es atenuar los daños que este modelo está generando, terminamos casi pidiendo un mejor trato de una cárcel abierta", se explayó Martínez y acentuó que "en realidad, lo que nos está faltando es la agresividad conceptual para entender a dónde queremos llegar. Nosotros pensamos que en algunos rubros, por lo menos de la actividad social y económica, están dadas las condiciones para pensar más allá del capitalismo".
"La agricultura familiar es un campo absolutamente propicio para dar una discusión superadora de la actividad organizada alrededor del lucro, porque se ha tratado casi sistemáticamente como una actividad a la cual hay que considerarla asistencial, como que quienes se dedican a eso lo hacen mientras buscan otra cosa o que deberían buscarse un trabajo más retributivo. Eso, definitivamente, no es así. La agricultura familiar es la esencia misma del derecho a producir lo que se consume y me parece que lo que está faltando es poner a los Estados, nacionales, provinciales y municipales, ante el compromiso de defender esa actividad básica de la comunidad", declaró.
En relación al contexto político y económico, desfavorable para los sectores populares, redundó en que "hay que hacerse fuerte en las propias ideas”. “A nosotros, esta experiencia de territorio nos ha enseñado que hay que trabajar sobre la cabeza de los consumidores y también sobre la de los productores que están realmente muy castigados, muy acostumbrados a que los embromen. Por lo tanto, tienen algún reflejo en reaccionar en forma puramente capitalista". Para Martínez, "se hace esencial que los grupos políticos de base se hagan cargo de entender la economía popular, y sobre todo, la asociada a la producción de alimentos, que está a la vuelta de la esquina poder concretarla como un hecho no asistencial, sino estructural, que hay que defender con fuerza".
"Hay que aumentar las ferias populares, pero como una parte de la cuestión. No es solamente facilitar la oferta del productor en condiciones de debilidad. Hay que facilitar la oferta, la producción, la financiación, la disponibilidad de tecnología como un derecho masivo. Si hacemos eso, la producción familiar puede garantizar una proporción muy superior al 50 % del abastecimiento de alimento de Argentina", aseguró.
LA TAREA DEL IPP
El IPP es impulsor de iniciativas que avanzan desde hace cuatro años en ese sentido. Martínez señala dos planos. El teórico, "no abstracto", se basa en la construcción de un marco para la organización de la producción popular, para que además pueda "ejercer los derechos de la democracia económica". Y en este plano, están próximos a concluir la edición de un libro que será de referencia para esta mirada.
Ahora, en términos prácticos, "porque no queremos quedarnos en una actividad que tenga apariencia de académica", se avanzó con éxito, al igual que otros sectores, en generar un sistema de distribución de alimentos directo del productor al consumir. "Nuestro concepto fue dejar atrás esa idea de pensar en la megalópolis como la ciudad de Buenos Aires, en beneficiar solamente al consumidor y buscar situaciones donde el único abastecedor posible es un productor familiar, una cooperativa recuperada, y eso tiene que ser un servicio de distribución directamente a los consumidores", comentó e indicó que la tarea que iniciaron hace más de un año hoy tiene como resultado la existencia de más de 70 puntos de distribución en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
EL BONO TOMATE
El bono tomate es otra de las ideas del IPP, que surgió previo a la época de siembra de 2016 en el Gran Buenos Aires. "En ese momento, hablamos con los quinteros del Gran La Plata y tenían problemas de financiamiento y de precio asegurado en el momento de la cosecha. Entonces, instalamos la idea a imagen y semejanza de lo que sucede en Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Japón, con desarrollo de años en este concepto", indicó.
Así, surge en Argentina el bono tomate. "Nosotros podíamos entregarle a los productores una cantidad de dinero por kilo de tomate, que fuera el precio del tomate, adelantado. Y el quintero el compromiso de entregar ese tomate cinco meses después. Y eso sucedió. La gente quedó muy contenta, la calidad fue la óptima, el precio no fue superior al que estuvo vigente y el productor quedó muy contento".
Para Martínez, puntualmente, esta iniciativa, "con una organización mucho más grande que la nuestra y diseminándolo con grupos con sensibilidad social y política, se podría generalizar de una manera interesante eliminando la variable financiera que puede ser muy crítica para los pequeños productores".
