La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) viene apoyando a los trabajadores estatales en varios frentes, siendo el Ministerio de Economía, Planificación e Infraestructura uno de los escenarios donde el plan de lucha se mantiene hace casi dos meses.
En la jornada de ayer se concretó una movilización de 48 horas, donde el gremio volvió a reclamar por soluciones para solventar los “magros sueldos” que perciben los trabajadores. “Es un plan de lucha que venimos llevando hace más de siete semanas. Estamos abiertos al diálogo como primera medida, pero las y los trabajadores no pueden esperar más», manifestó Gabriel Gacitúa, delegado del sector. Añadiendo que los trabajadores no llegan a fin de mes, dado que los sueldos no son dignos, “el Ejecutivo tampoco cumple con derechos que nos corresponden, como es el caso de las bonificaciones. Hay algunos reclamos que se acumulan por años en algunos casos y más de seis meses en otros”, explicó.
RECLAMOS
Los puntos pedidos son: modificación de la base de cálculo de la Bonificación Especial; recategorización de los compañeros y compañeras que por su formación no se encuentran debidamente enmarcados laboralmente, así como el pago de las bonificaciones pendientes que se vienen reiterando en algunos casos desde hace más de siete años; conformación de una mesa de discusión para la implementación de la Bonificación por responsabilidad en el ejercicio de la profesión; la garantía de las medidas de seguridad e higiene en los ámbitos laborales; la provisión de insumos básicos para las tareas correspondientes; pago de Bonificación por riesgo visual; y la incorporación del riesgo por trabajo insalubre y/o riesgo eléctrico al básico general del escalafón.
DENUNCIA
Por otra parte, representantes del gremio fueron recibidos por el edil Nicolas Slimel para brindarle detalles sobre las situaciones de violencia y violencia laboral que vienen sufriendo los trabajadores en el Comité de Prevención de la Tortura, “el documento que elaboramos fue entregado también en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a Silvana Pérez, en su carácter de titular de la cartera, y a la Subsecretaria Nayla Bosch, así que estamos esperando su convocatoria para poder avanzar en el diálogo. Asimismo, estamos esperando la definición del INADI Chaco respecto a la denuncia presentada por la trabajadora Mónica Caballero”, afirmó el secretario General del gremio, Mario Bustamante.
Según detalló el documento elaborado por ATE, “en julio, los responsables del Comité de Prevención de la Tortura, Ariela Álvarez, Darío Gómez, Kevin Nielsen, Silvina Canteros y Bashe Charole, efectuaron despidos en la institución. Asimismo, convocaron a trabajadores para notificar de manera verbal la decisión de efectuar alteraciones en los puestos de trabajo y en la tipología de contratación, aplicar reducciones salariales y restringir bonificaciones por título y antigüedad.
Estas bonificaciones, establecidas por ley, eran percibidas por los trabajadores y trabajadoras hasta dicho momento, a partir de una recomposición salarial convenida con este sindicato en el año 2019. Todo ello, fundado en innovaciones planteadas en el proyecto de gestión aprobado por el Tribunal Electoral al momento de su elección como miembros del Comité, ya que se trata de una entidad pública, autárquica y autónoma”, expresa el escrito. A su vez, sostienen que los despidos se realizaron ante la ausencia de un instrumento legal o administrativo. Todo esto se da en un marco de precarización laboral vigente desde hace años.
