La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Anual de 2022, destacó la realización del “Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí”, cuya sentencia declaró la responsabilidad del Estado y reconoció que se trató de crímenes de lesa humanidad en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas y ordenó la conformación de la Unidad Ejecutora para dar cumplimiento a las medidas de reparación establecidas por la justicia.
El Informe Anual de la CIDH es un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio; presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia; y expone los logros institucionales, el trabajo y actividades para garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas en la región.
Así da cuenta de la situación de los derechos humanos en el continente y plantea los principales avances y desafíos en esta materia. En esta edición, la CIDH preponderó ponderando la “sólida institucionalidad para la protección de derechos humanos del Estado argentino”, así como también la continuidad y fortalecimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, contra la discriminación y por los derechos de las mujeres y diversidades.
En el Capítulo IV A, bajo el título ‘Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región, Panorama sobre la situación de derechos humanos por País’, se hace un minucioso análisis de la situación de todas las temáticas referidas a derechos humanos y su respeto o incumplimiento por parte de los Estados, en lo que concierne a Argentina, abarca desde el punto 36 al 60.
En el punto 48 del informe, la CIDH se refiere al proceso judicial por la Masacre de Napalpí y sostiene: “… se destaca el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, cuya sentencia declaró la responsabilidad del Estado y reconoció que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de pueblos indígenas…”. “Dicha sentencia dispuso una serie de medidas de reparación, como la implementación de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit y para la prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educación y cultura, todo ello con la consulta previa a las Comunidades…”, remarca y resalta que a”además, se conformó la Unidad Ejecutora de la Sentencia por la Masacre de Napalpí, para dar cumplimiento a dichas medidas de reparación”.
