Estos ilícitos habrían sido realizados en el marco de operaciones de la constructora Sucesión de Adelmo Biancalani S.A., la cual fue comprada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez (posee el 83,33%). Chueco era abogado de Báez y Bustos, administrador judicial de la sucesión de Adelmo Biancalani .Las maniobras investigadas ascienden a varias tandas de millones de pesos, superando la cifra de 50 millones en su conjunto entre 2013 y 2015.
En la resolución de Sabadini, según pudo consultar este matutino, el fiscal sostiene que “analizada la documentación secuestrada, no se hallaron elementos que permitan constatar la veracidad de las operaciones (detalle de los equipos alquilados, horas afectadas, fechas, condiciones, consumo de combustible, etcétera), los que sí constan en las operaciones con otras firmas que le facturan iguales servicios. Tampoco se han detectado -en la totalidad de documentación analizada- contratos de alquiler y/o condiciones de los servicios facturados, los que resultan indispensables para acreditar las prestaciones de servicios, máxime teniendo en cuenta la vinculación societaria entre las firmas donde el proveedor resulta empresa controlante de la empresa fiscalizada”.
Por otra parte, el fiscal señala que “en el caso de autos, se verifica por parte de los encartados, como maniobra típica medular, en lo que hace al primer tramo del esquema propuesto, presentación de declaraciones juradas falsas o engañosas que no reflejan la realidad económica de la contribuyente”. Continúa: “En razón de ello, este Ministerio Fiscal formula el presente requerimiento de instrucción por el delito de evasión agravada en razón del monto y uso de facturas apócrifas, desde que según criterio e instrucción de la Procuración General de la Nación”.
