La Defensoría del Pueblo inició causas judiciales para proteger el derecho de los consumidores y usuarios. Se obtuvieron a lo largo de la gestión resoluciones favorables en la mayoría de los casos pero preocupa que a la fecha muchas de las decisiones judiciales no sean respetadas por el gobierno nacional. También varias causas han sido apeladas, extendiendo los procesos judiciales, lo que solo perjudica a los ciudadanos.
En 2016 el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, inició un expediente contra la Resolución 6/2016, del Poder Ejecutivo Nacional, con la presentación de un amparo por no realizar audiencia pública para el aumento de tarifa de energía eléctrica. Así obtuvo que en primera instancia se declarara la inconstitucionalidad de la resolución pero esto fue apelado por la parte demandada y la devolución de créditos a los usuarios por un aumento inconstitucional se cumple de manera irregular.
En 2017 se iniciaron ante la Justicia Federal los amparos que constan en los expedientes N° 636/2017 y 646/2017, en los que se pide nuevamente la inconstitucionalidad de medidas arbitrarias que ordenaron nuevos aumentos en la tarifa de energía eléctrica mayorista. A partir de esto se logró a través de una medida cautelar suspender la aplicación de las resoluciones 20/17 y 75/17 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Además la jueza a cargo ordenó que no se dicten nuevas resoluciones hasta tanto haya una sentencia. Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó en reiteradas oportunidades que se intime al cumplimiento de la medida y así obtuvo la orden para el efectivo cumplimiento de la manda judicial aunque a la fecha aún existen irregularidades para resarcir a los usuarios afectados por los aumentos.
Por otro lado, ante la decisión arbitraria del Poder Ejecutivo Nacional de dar de baja las pensiones por discapacidad, se presentaron este año también los amparos y medidas cautelares para dar de baja resoluciones inconstitucionales que constan en los expedientes 7880 y 7879. En este caso se decretó la medida cautelar en la que se ordenó la restitución de las pensiones. Mientras tanto el amparo está en proceso de registración como juicio colectivo. Sin embargo nuevamente el gobierno nacional apeló la cautelar. Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo se intimó a la Nación a que efectivamente cumpla con la orden judicial pero a la fecha esto no se concretó.
También este año el ombudsman interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra el PAMI solicitando para los afiliados que viven en Chaco que se declare la nulidad de la disposición conjunta que estableció requisitos arbitrarios para la cobertura de medicamentos en un cien por ciento y va en detrimento de los derechos adquiridos de los jubilados. En esta causa, el amparo sigue sin resolverse y fue rechazada la medida cautelar para anular esa disposición, aunque desde la Defensoría se apeló en segunda instancia este proceso.
Años de incumplimiento
En relación al sistema vial, en el 2016 el defensor presentó ante el Juzgado Federal N° 1 un amparo y cautelar contra la Dirección Nacional de Vialidad por el aumento en los peajes del corredor vial N° 6. Estas acciones se rechazaron en primera instancia pero la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y dio lugar a la medida cautelar, hecho que derivó en que el gobierno nacional inmediatamente interpusiera un recurso extraordinario. A la fecha el amparo se encuentra en etapa de prueba en el juzgado de primera instancia.
En este caso, la medida cautelar ordenaba suspender el alcance de la resolución 45/2016 que ordenó la variación del cuadro tarifario de los peajes ubicados en el ingreso al Puente Chaco – Corrientes y en la localidad de Makallé. Tras un largo proceso, al día de la fecha se denegó el recurso extraordinario que interpuso la parte demandada por lo que se deben suspender los aumentos pero esto aún no se hizo efectivo.
Desde el año 2013 existen dos causas en las que aún hay irregularidades y falta de resolución. Una de ellas es el amparo interpuesto contra el Poder Ejecutivo Nacional por la falta de audiencia pública para la fijación de la tarifa de transporte en el servicio interprovincial que une a Chaco con Corrientes. En este caso existe una sentencia y se celebró un acuerdo que fue homologado por la Justicia Federal, sin embargo la parte demandada interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema y a pesar del acuerdo entre las partes aún no se cumplen los requisitos básicos para brindar a los usuarios el servicio adecuado.
Por otro lado, en ese año también se inició un amparo contra las empresas de telefonía celular Telecom Personal, AMX Claro y Movistar por las deficiencias en el servicio de comunicación. Ese amparo está en período probatorio y aún no tiene resolución, aunque la medida cautelar ya fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.
En relación a esto, el ombudsman recuerda que estas decisiones reprochables del gobierno nacional atentan contra la división de poderes y mantienen vigentes decisiones administrativas que perjudican los derechos de los chaqueños. “La desobediencia judicial pone en jaque la república, porque pone en duda si deben cumplirse las leyes, el mandato de los jueces y los derechos adquiridos por el pueblo”, concluyó.
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