La Defensoría del Pueblo, a cargo de Gustavo Corregido, explicó que la situación data desde enero, “cuando el gobierno provincial decretó nuevos procedimientos para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pero no suspendió los desmontes autorizados previamente. En marzo, ante la denuncia de varias ONGs sobre la continuación de tala de bosques nativos, la Defensoría del Pueblo del Chaco recomendó al Ejecutivo Provincial suspender las autorizaciones de desmontes en zonas Amarillas –Categoría II- hasta que se verifique el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Nacional 26.331 –Ley de Bosques- establecidas a tal fin. También se solicitó el control periódico de dichas suspensiones”, sostiene mediante un documento.
Además. se aclaró que la Defensoría del Pueblo no contó con ningún tipo de información oficial al respecto, por lo que se decidió acudir a la Justicia y se presentó una acción de amparo contra la Subsecretaría de Recursos Naturales y/o Ejecutivo Provincial para declarar la nulidad de permisos y se cumpla con el procedimiento establecido en la Ley de Bosques para el ordenamiento territorial; mientras la cuestión de fondo se resuelve, la justicia decretó una medida cautelar innovativa que suspendió los desmontes en la nombrada zona correspondiente a la Categoría II, que corresponde a “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.
“Varios permisos otorgados por la provincia para efectuar desmontes fueron cuestionados, estamos atacando esos permisos”, explicó Corregido y aclaró: “De ninguna manera paralizamos la actividad forestal, sólo atacamos los 53 permisos otorgados en las condiciones modificadas por el nuevo decreto, pero los sectores forestales pueden recurrir a nuevos permisos cumpliendo con la ley”, adviertió Corregido.
El defensor del Pueblo del Chaco destacó también que en el expediente del caso se han presentado diversas organizaciones ambientalistas adhiriendo a los argumentos de la Defensoría del Pueblo del Chaco, como Greenpace y la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos.
En la causa se abrió la participación de todos los sectores interesados para alcanzar un acuerdo que beneficie a los involucrados pero resguardando el medioambiente. El 17, se realizará la audiencia de vista de causa para analizar las pruebas presentadas hasta el momento.
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