La joven abogada, militante y feminista Lourdes Polo Budzovsky habló con elDIARIO de la Región en un inicio de año que demanda perspectiva de género en cada práctica social y profesional. Ante la enorme masividad y visibilidad de la violencia machista en sus distintas caras, la resistencia patriarcal se endurece. Así lo demuestra el seguimiento este medio, en este inicio de año las denuncias de abuso sexuales, niñas con múltiples derechos vulnerados que terminan embarazadas y femicidios casi cada 24 horas, todo además con la réplica masiva de consignas como el #MeToo y #MiraComoNosPoenemos.
La Justicia machista, patriarcal y sesgada lidera los reclamos más urgentes de una problemática que se recrudece y tiene a las mujeres y feminidades como principales víctimas. En este contexto, letrados locales de renombre como Pablo Vianello y Alfredo Bembunan, así como el abogado de la farándula Fernando Burlando, actual defensor del actor Juan Darthés, salieron a respaldar el “derecho a defensa” de los acusados de abuso y advertir sobre las consecuencias legales del escrache o la denuncia pública.
Consultada por este medio, la abogada integrante de la red Católicas por el Derechos a Decidir dijo que no sabe si hay una intencionalidad personal en estos profesionales. “Pero, en algunos casos me atrevo a hablar de la perspicacia de muchos colegas en la instrumentalización de los mecanismos judiciales como forma de disciplinamiento de las denunciantes o de las potenciales denunciantes”.
Desde su práctica con perspectiva de género y feminista, es testigo “de cómo funciona el sistema judicial y la mayoría de sus operadores, como una lógica patriarcal que es la que obsta el real acceso a la justicia de las mujeres”, describe. “En muchos casos, los colegas que alegan en los discursivos ser parte de una justicia igualitaria, en la praxis terminan siendo funcionales a este sistema. Digo esto porque me resulta importante la toma de conciencia en este sentido. Yo no estoy repartiendo culpas de un mal funcionamiento judicial, hablo de una justicia que funciona con lógicas que no se adecúan a las necesidades imperantes de las mujeres y de otras identidades y que urge una Justicia con perspectiva de género, que derribe preconceptos y se abra a una nueva realidad a fin de no generar barreras de acceso a derechos fundamentales”, opinó.
El escrache “no es un fenómeno nuevo ni ningún tipo de nuevo derecho de los ciudadanos, se trata de una modalidad de manifestación como mecanismo de presión e históricamente surge ante momentos de crisis, como respuesta a la insatisfacción que genera en la ciudadanía el conjunto de decisiones o falta de respuestas”, aclaro Polo. Indica que hablar de las herramientas o cómo sería la defensa de las mujeres que denuncian es parte de la estrategia jurídica.
“Siempre el sistema legal se adecúa a las necesidades del caso concreto. Los casos son múltiples, diversos, la variedad es muy amplia, en la que siempre habrá tensión de diferentes valores sociales, el honor, la intimidad, la libertad de expresión. Y existe una realidad, existe una percepción de falta de mecanismos eficientes en el ámbito de lo jurídico, mujeres que desconfían de una justicia que en sus palabras ‘no hace nada’, existen dificultades probatorias en los casos de acosos y abusos sexuales”.
La profesional hace un paréntesis para recordar que “los tiempos de las mujeres para decidir denunciar y sostener una denuncia penal no son nuestros tiempos ni mucho menos son los mismos tiempos que la Justicia y muchas veces encuentran la ruptura de los silencios, los propios y los institucionales, en las redes sociales”.
Polo, además, aclaró: “Personalmente, considero que el tema de violencia de género ha pasado a revestir el carácter de interés público, y con ello, la protección de la mujer frente a cualquier tipo de violencia dirigida hacia ella, por su sola condición de tal, merece una particular protección frente a los compromisos asumidos por el Estado argentino. De esto ya habló la Justicia en otras partes del país y consideró que la publicación es una forma de protección para eventuales víctimas, que es reparadora en sí misma y forma parte de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la Convención de Belem do Para, en particular el Estado argentino se comprometió a desplegar los esfuerzos necesarios a fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer en su faz de prevención”.
La ILE “no es una dádiva médica”
“Cuando hablamos de Interrupción Legal del Embarazo, estamos hablando de lo permitido legalmente, un derecho que toda mujer puede acceder en una relación médico-paciente. Desde el 2015 existe en Argentina un Protocolo al que nuestra provincia se encuentra adherida, cuándo se puede acceder y cuáles son los principios y derechos fundamentales que se trazan frente a determinada situación. No es una dádiva médica, o una posibilidad, es un derecho. Una mujer puede interrumpir un embarazo producto de una violación, si le causara un riesgo para su salud (salud física o psiquicasocial) o un riesgo para su vida, y puede acceder en un sistema de salud público o privado, sin necesidad de judicializar. La ILE es una práctica médica legal. Lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Salud de Nación, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Así lo expresa la abogada ante la consulta por las múltiples historias de niñas embarazadas en la provincia y el reciente caso de la nena violada en Jujuy.
“En Chaco, los médicos siguen llamando a la fiscalía de turno para preguntar si una niña de 16 años violada puede acceder a una ILE. No permitir que una mujer acceda a una interrupción legal del embarazo cuando se encuentra en las posibilidades fácticas de realizarse, constituye violencia institucional, obstétrica y sexual sobre el cuerpo gestante”, asegura. Ante la pregunta de si puede existir consecuencias legales para los operadores de salud, afirma que “frente a la obstrucción innecesaria al acceso de este derecho, serán responsables penal, civil y administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE o cuando realicen maniobras dilatorias durante el proceso, cuando le suministren información falsa a la mujer o cuerpo gestante o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto legal”.
En Argentina, existe un cuerpo de abogadas especialistas en estos temas, la guardia de abogadas feministas de Católicas por el Derecho a Decidir que opera en Chaco y al que pueden comunicarse por vía telefónica para consultas frente a casos en los que la practica ILE se obstruye. Podrán comunicarse al 3624893248.
Polo parafrasea a su reconocida colega de la red, Soledad Deza, quien indica la existencia de un “sistema de género que históricamente nos ha organizado jerárquicamente como sociedad predisponiendo el poder para los varones y subordinando a las mujeres, para el beneficio de quienes detentan el poder”. Dice que la abogada que actualmente hay “ejemplos concretos, cada 30 horas asesinan a una mujer en un contexto de violencia de género en los primeros días de enero del 2019, Jujuy y Chaco (unas de las provincias más pobres del país) la maternidad más que un deseo son maternidades forzadas y las denuncias de abusos sexuales en creciente tras el caso Thelma son el resultado negativo de las políticas públicas en materia de género, donde la igualdad real desde una perspectiva de género solo queda en lo discursivo frente a una crisis económica que afecta cada vez más a las clases populares, y en el que los grupos más vulnerables, mujeres y niños, son sus víctimas fulminantes”.
Sobre el activismo en este año, indica que se debe “exigir la deconstrucción de ese sistema que nos habla la dra. Deza y la construcción de una sociedad más inclusiva, realmente. Pienso que es un año de elecciones y me pregunto si una sociedad marcada por la juventud y la diversidad, especialmente Chaco, en donde el 34.27% de la población pertenece a un grupo etario de 15 a 34 años realmente se encuentra representada en un Estado dirigido por personas en edad promedio de 55 años que responden a un status quo consolidado en la lógica de roles donde lo público es dominado por el hombre y lo ‘óntimo’ declinado a las mujeres, y lo disidente a la reserva”. “Pienso en la importancia de nuestra representación política, no solo en tanto elecciones partidarias sino también la importancia de quienes se sientan en la banqueta judicial”, concluye.
