El trabajo, titulado “Desigual y letal” y realizado en conjunto con el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, concluye que los países con mayor desigualdad y menor gasto público en salud fueron los que más sufrieron durante la pandemia.
Asimismo, marca que los efectos devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados, tales como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, entre otros.
«La COVID-19 nos dejó una dolorosa lección: la profunda desigualdad socioeconómica en las Américas agravó las consecuencias de la pandemia. Es fundamental reconsiderar las políticas públicas vinculadas a la salud y a la protección social basándose en los derechos humanos para evitar futuras adversidades en nuestra región, la más desigual del mundo», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de la oficina local de Amnistía Internacional.
«Los gobiernos de América Latina y el Caribe, incluido el de Argentina, deben aumentar el gasto y asegurar una implementación eficaz de las políticas sanitarias”, añadió.
El informe subraya que los países más desiguales de la región como Perú, México, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay son los que tuvieron las mayores cifras de muertes por coronavirus cada millón de habitantes.
Entre las recomendaciones, las organizaciones exigen a los Estados cumplir con la meta de invertir al menos un 6% de su PBI en salud, tal como lo establece la Organización Panamericana de Salud (OPS).
«Argentina invierte el 6% de su PBI en gasto público en salud, lo cual es positivo en comparación con el resto de los países de la zona. A pesar de ello, uno de cada cuatro pesos argentinos en salud proviene de los ingresos y ahorros de familias argentinas», apuntó el trabajo. «Para esto (los Estados) deben organizar su política fiscal, tanto de recaudación como de gasto, de una manera progresiva que reduzca significativamente la desigualdad socioeconómica y la discriminación en el acceso al derecho a la protección social, así como a otros derechos humanos que son determinantes sociales de la salud», indicó el documento.
UNA CRISIS EVITABLE
México, Brasil y Perú, donde el 1 % más rico de la población acapara más del 30 % de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes en la región en proporción a su población, destaca el reporte.
En la misma línea, Chile, donde el 20 % más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20 % más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.
Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, «ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal».
Aunque la Organización Panamericana de la Salud establece que un mínimo del 6 % del PIB debe dedicarse a la salud, casi todos los países de la región gastan menos, lo que se traduce en que no tienen suficientes camas de hospital ni profesionales, detalló Guevara.
En Perú, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar del crecimiento económico sostenido durante años y solo invirtieron el 3,3 % de su PIB. En México, más de 15 millones de personas perdieron el acceso a la cobertura de salud en los dos años previos a la pandemia debido a ineficiencias burocráticas en la política gubernamental.
En Chile, el gasto público per cápita en salud representa únicamente un tercio de la media de los países de la OCDE, indica el reporte, y la mitad del gasto total en atención de la salud procede de los bolsillos de los pacientes, agregó Rodrigo Bustos, director de AI Chile. (Fuente: Télam)
