El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá justificar en un plazo de 15 días el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar, a raíz de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La intimación fue presentada este lunes por la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ante el juez Ariel LIjo y está contenida en un dictamen de 207 fojas.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó a Adorni la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían “prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público”. La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder.
El desfasaje entre ingresos y gastos
Uno de los principales datos que surge de la investigación es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período bajo análisis.
La Fiscalía estableció que entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
En conjunto, esos ingresos ascendieron a $229.752.283,20. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito.
La diferencia detectada por la Fiscalía es de $43.068.549. El dictamen señala que esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
A eso se suma otro dato: la investigación reconstruyó desembolsos por US$402.578,12, destinados, entre otras cosas, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles.
La Fiscalía también puso bajo la lupa las declaraciones de dólares en efectivo realizadas por Adorni y las operaciones consignadas bajo el concepto “venta de activos”, además del origen de las divisas utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes al exterior.
Qué detectó la Fiscalía
Además de esos 20 puntos, el dictamen enumera una serie de inconsistencias que llevaron a formular la intimación. Entre ellas aparecen los préstamos familiares cuya “concertación, efectiva entrega y evolución” no habrían sido documentadas; deudas con el Banco Galicia que figuraban en una declaración y luego fueron omitidas; la falta de presentación en tiempo y forma de anexos reservados de la esposa; y la evolución de determinados gastos, que —según la Fiscalía— pasaron de estar en cero a incrementarse aproximadamente un 119% hacia fines de 2024.
También se analizaron operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, declaraciones patrimoniales, vehículos, consumos con tarjetas, viajes, operaciones de cambio y movimientos en plataformas de activos virtuales. La investigación incluyó información de bancos, registros de la propiedad, ARCA, ANSES, CNV, BCRA, plataformas como Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango, además de testimonios de escribanos, vendedores, desarrolladores inmobiliarios, acreedores y otras personas vinculadas a las operaciones investigadas.
En particular, la Fiscalía señaló que deberá explicarse también la operatoria con criptoactivos, incluido un capital informado por Adorni ante una billetera virtual al validar su identidad que, según el dictamen, “no” fue exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, además del origen y destino de activos incorporados posteriormente en una declaración rectificativa y su posible vinculación con un circuito de billeteras detectado por la SIFRAI-DAFI.
La intimación se encuadra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal y abarca el incremento patrimonial registrado por Adorni y su esposa durante el período en que el exfuncionario ejerció cargos en la administración pública nacional. La Fiscalía sostiene que son los incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente” los que ahora deberán ser justificados.
Ahora, Adorni tendrá 15 días para brindar las explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.
Fuente: Ámbito
