La Ciudad

La Justicia evaluará la legalidad del “impuestazo” a pedido de Bolatti

Con un nuevo “tribunal a cargo”, la Justicia de la provincia decidió habilitar el “servicio judicial de urgencia ante la situación de pandemia”. Así, evaluarán la “constitucionalidad y pedido de nulidad” del “impuestazo municipal”, lo que constituye una excepción a la suspensión general de “términos” que rige hoy en el servicio de Justicia, dando por iniciado el procedimiento correspondiente para atender la denuncia presentada oportunamente por el concejal Fabricio Bolatti.

Luego de entender agotadas las instancias administrativas y políticas, Fabricio Bolatti, edil de Resistencia, interpuso una presentación en la Justicia por el «impuestazo» municipal, con las que buscó parar la aplicación de lo que llamó una “ordenanza ilegal”. En esta oportunidad, la presentación se realizó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para pedir se evalúe la legalidad de la “norma” que impuso un desmedido aumento de impuesto, tasas y patentes a los contribuyentes. Finalmente, comunicaron que con un «tribunal a cargo», se habilitará un “servicio judicial de urgencia» evaluarán la “constitucionalidad y pedido de nulidad” de la suba impositiva.

«Con estas novedades judiciales, nacen nuevas expectativas de que, en forma institucional, y en el marco de la división de Poderes del Estado, lo que constituye una garantía de rango constitucional, se pueda corregir y comenzar a reparar el daño y retroceso que se está dando en el ámbito municipal en los últimos meses”, expresó Bolatti al conocer la medida de la Justicia.

“Esta situación irregular por parte de la gestión municipal se sigue repitiendo y en casos se observa intencionalidad planificada para burlar la voluntad popular y lograr objetivos que están muy lejos de lo que nuestros vecinos demandan al gobierno local. El último caso se dio hace semanas, cuando se ‘instauró’ otra ‘ordenanza ilegal’, que pretende endeudar en $800 millones de pesos al Municipio, esto es triplicar el stock de la deuda pública que hoy ronda los $430 millones y sin que su destino este claro ni definido como prioridad”, reflexionaba el concejal.

Recordó finalmente: “Decíamos hace meses, cuando esto iniciaba, que denunciábamos lo hecho por la magnitud económica y su impacto a los contribuyentes, pero, lo más importante y esencial para el futuro de nuestra comunidad lo constituye la forma o procedimiento usado para generar e implementar la medida, lo que no puede constituir ‘nunca’ un antecedente firme de tipo legislativo o legal, en una sociedad que pretende ser justa, libre, igualitaria y soberana”.

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