La medida cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco sigue vigente y ahora tendrá un mecanismo concreto para hacerse cumplir. El Juzgado Federal de Resistencia N° 1 dispuso la conformación de un Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia de Chaco, integrado por la Fiscalía Federal, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales y las autoridades ambientales y forestales.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Aadeaa), parte querellante en la causa penal conocida como “mafia del desmonte”, celebraron esta “medida histórica” de la Justicia Federal.
Tras la audiencia interinstitucional realizada el jueves, el Juzgado Federal de Resistencia N°1 a cargo de Zunilda Niremperger creó un equipo para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada en agosto de 2024 y que luego de un largo derrotero que incluyó la Cámara de Casación Penal fue restituida en su plena vigencia el 22 de septiembre de 2026 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
La medida cautelar vigente suspendió los desmontes en toda la provincia, incluidos los permisos autorizados y no ejecutados y los nuevos que pudieran otorgarse. Esa prohibición no se toca, y desde hoy, además, el Estado tiene la obligación concreta de coordinar la labor estatal con la participación activa de la querella que impulsó la denuncia -Aadeaa- para en forma efectiva hacer cumplir en el territorio la prohibición de desmonte vigente.
El Equipo de Coordinación Interinstitucional creado reúne en un canal directo y permanente al Ministerio Público Fiscal Federal, a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, a las autoridades forestales de Chaco, a la Autoridad Ambiental Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a la Gendarmería Nacional, cada uno de ellos tendrá un referente responsable de la ejecución inmediata de acciones en el terreno ante la detección de un desmonte.
Compartirán información satelital y alertas tempranas, incluidos los reportes quincenales del sistema nacional de alerta de deforestación, para identificar zonas prioritarias y coordinar verificaciones territoriales.
Además, la Justicia Federal ordenó a la Gendarmería Nacional, con conocimiento del Ministerio de Seguridad Nacional, reforzar los recursos destinados a la vigilancia, el monitoreo, el patrullaje preventivo y la detección temprana de desmontes en Chaco. Deberá sumar personal, vehículos aptos para zonas rurales, drones, georreferenciación e imágenes satelitales, con atención primaria a las zonas con desmontes recientes denunciados, las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos.
Ante un posible desmonte, la comunicación deberá ser inmediata a la Dirección de Bosques; si los hechos pudieran constituir delitos o incumplimientos de la cautelar, también a la Fiscalía Federal. La resolución pide además a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad provincial reforzar personal, vehículos, drones y herramientas de georreferenciación, y exige a la Dirección de Bosques y a la Fiscalía informes trimestrales ante el Tribunal.
Una prohibición sin control queda a merced de quienes la violan, y en esta causa ya denunciamos desmontes durante la vigencia de la cautelar. Por eso, integrar este equipo nos permitirá intensificar el control sobre el cumplimiento de la medida y prevenir los desmontes con mayor eficacia.
Esto es central en una causa que investiga a funcionarios provinciales, y como ya advirtió la Cámara Federal de Casación Penal, el control de los desmontes no puede quedar librado a los mismos organismos bajo investigación.
A partir de ahora, las alertas podrán circular por un canal directo que comparten la fiscalía, las fuerzas federales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas como parte querellante, con informes periódicos al Tribunal.
Fuente: aadeaa.org
