Días atrás, Eliania Tapia, expareja y víctima de Raúl Sebastiani, denunció través de sus redes sociales el trato diferencial que recibía el empresario, entonces detenido en la comisaría de Colonia Benítez.
“Hace diez meses, Sebastiani está preso en comisarías, primero en la 2ª de Resistencia, después del motín que se armó (porque él estaba solo en un calabozo y los demás detenidos hacinados en los otros dos), lo trasladaron a otra”, indicó la afectada en su denuncia pública tiempo atrás.
Ayer su abogado defensor, Roberto Sotelo, confirmó a este medio que el condenado fue trasladado al Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, donde cumplirá el resto de su condena. “Fue alojado allí los primeros días de diciembre, se denunció el trato diferencial porque estaba alojado en una celda solo, luego paso a estar con los detenidos de las causas por lavado pero jamás estuvo en las mismas condiciones que un preso común”, sostuvo.
Sebastiani fue condenado a cinco años de prisión efectiva por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Ahora, la causa penal finalizó con la sentencia y con la denegación de los recursos pedidos por la defensa del empresario. “Quedó firme, por lo tanto pasó a un juez de Ejecución Penal, de control de la sentencia; a partir de allí, la sentencia está en su faz ejecutiva y efectiva”, comentó.
Asimismo, Sotelo manifestó que su defendida “está sumamente tranquila, es una sentencia ejemplar sobre todo porque quedó firme y se hará el cumplimento efectivo. La Justicia se demoró, pero llego”.
NULIDAD DEL PEDIDO DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
En tanto, la querella solicitó la nulidad del tratamiento psicológico que fue ordenada por el juez de Ejecución para Tapia. “Fue un error que logró ser subsanado, en un punto de la sentencia ordenaban que se realice un tratamiento psicológico, pero fue declarado nulo porque parte del Superior Tribunal de Justicia en el recurso de casación”.
“El tratamiento no corresponde porque únicamente el juez de Ejecución Penal se encarga de que la pena sea cumplida por el detenido, no tiene injerencia en la persona damnificada y no puede hacer cumplir ninguna orden judicial, porque no tiene potestad sobre ella”, explicó.
