«Con este proyecto se pretende generar un puente para facilitar la reinserción plena en la sociedad de las víctimas de trata y explotación de personas. Se trata de brindar herramientas que le permitan reconstruirse para comenzar una nueva etapa», detallaron en los fundamentos de la ley sancionada. El proyecto votado fue presentado por la diputada Elda Insaurralde del bloque justicialista y elaborado a partir de la articulación con el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas dirigido por Gustavo Vera.
«Sin mujeres empoderadas no hay desarrollo posible. Este proyecto apunta a contener y empoderar a las víctimas. Les debemos la posibilidad de su completa reinserción en la vida social y laboral», añadió el documento legislativo. De esta manera, se estableció cupo laboral en el ámbito público y privado, «generando un sistema de reintegro de cargas sociales e incentivos impositivos para los particulares».
En tanto, la ley garantiza la reserva del 1% de los cargos en los tres poderes del Estado provincial, en todas sus formas de contratación, detallando taxativamente a organismos descentralizados, entidades autárquicas y sociedades mixtas. También fija un sistema de capacitación laboral a partir del otorgamiento de becas para la preparación y formación de las y los aspirantes, y la posibilidad de suscribir convenios con otras instituciones a los fines de capacitar, previendo en todos los casos y modalidades una estricta reserva de la información personal de las víctimas.
El proyecto «recoge lo mejor de las 12 ordenanzas y ley provincial que hasta ahora fueron votadas en todo el territorio nacional» y fue acompañado de forma unánime por todos los bloques, en el entendimiento de que «para combatir la trata y explotación, así como los daños que genera en las víctimas y en la sociedad se requiere el consenso de todos los actores políticos», indicó la legislatura chaqueña en el comunicado.
Por último informaron que el proceso de elaboración y búsqueda de consensos contó con el aporte de la jueza federal Zunilda Nirempergher y de los delegados del Comité del Chaco y del NEA, Fernando Lovey y José Maria Serbin, quienes en el día de ayer participaron de la sesión. Esta ley es parte del trabajo federal que desde abril de 2020 lleva adelante el Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas, y de la premisa de considerar el acceso al trabajo digno como eje central para la restitución de derechos de las personas víctimas del delito de trata.
Hasta ahora son 12 las ordenanzas votadas a nivel municipal en San Miguel de Tucumán, Rawson (Chubut), Virasoro, Santa Lucía y San Luis del Palmar (Corrientes), Machagai (Chaco), Chilecito, Arauco (La Rioja), Mosconi e Hipólito Yrigoyen (Salta), Gobernador Gálvez (Santa Fe), y Formosa Capital, dos las provincias que cuentan con ley de cupo, Catamarca y ahora Chaco, y en la órbita nacional el Programa de inserción laboral elaborado y ejecutado entre el Comité y el Ministerio de Trabajo, todas estas iniciativas son parte del Plan Bienal 2020/2022. (Fuente: Télam)
