Hoy, la legislatura chaqueña tratará el proyecto de ley que protege la red victimo asistencial, garantizando su continuidad institucional. Desde 2019, esta red acompaña a más de 8.500 personas en un sistema integral e interdisciplinario y querella 60 causas garantizando el acceso a la Justicia a las usuarias de los servicios y a sus familias.
La abogada y coordinadora del programa Litigios Estratégicos, Nahir Barud, puso su expectativa por el tratamiento del proyecto de ley que busca establecer el Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros en la provincia, y que apunta a garantizar la atención victimo-asistencial de todas las mujeres y víctimas de violencia de género, incluidas las diversidades y disidencias. “Hay un gran movimiento y gran expectativa por parte de todas las personas que militamos por estos derechos, para que pueda tener un tratamiento y aprobación”, dijo. Y consideró: “Esperemos que el Gobierno electo siga la misma lógica que con el Caso Cecilia”.
El proyecto legislativo tiene dictamen favorable y sería tratado en la sesión hoy. La iniciativa establece que serán sujetos de la ley todas las personas que, por acción u omisión vean vulnerados, menoscabados o violados sus derechos humanos en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres y la ley nacional Nº26.485 y sus modificatorias, así como también las personas pertenecientes a pueblos originarios de la provincia.
La desarticulación de la Secretaría de DD. HH. y Géneros y de la Unidad de Políticas para la Igualdad no sólo produce la eliminación de las políticas públicas de género sino que también pone en riesgo el trabajo de las profesionales de la Línea 137, Guardia de Géneros, Litigios estratégicos, Centro de Atención a Víctimas de Violencia y Patio Viva la Pepa.
Baurd se refirió a esta eliminación, a partir de la aprobación de la nueva Ley de Ministerios que impulsó el Gobierno electo de Leandro Zdero, y alertó que esto provocará que el Estado deje de ser querellante en causas de femicidios o violencias por motivos de género, como se impulsó en estos últimos cuatro años.
“El Código Procesal Penal dice que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se puede constituir como querellante en causas de su exclusiva competencia y si no hay una Secretaría, no se puede constituir”, expresó Barud a Chaco Tv, al mostrar su preocupación por la ausencia del Estado para acompañar a las víctimas y sus familias. “Dependerá de la decisión política del gobernador electo y de su equipo, de crear o no un área que pueda abordar las cuestiones de violencia y de promoción en materia de géneros y derechos humanos”, expresó.
Así, destacó que el Gobierno Provincial llevó adelante 60 querellas y el control de la ejecución de las condenas. “De los casos que llegaron a juicio, el 99% tienen condena firme”, aseveró, al destacar el trabajo de abogados y abogadas que impulsaron los litigios.
“También hemos intervenido en causas civiles, presentando acciones de amparo cuando había una vulneración a un derecho de una mujer, sobre todo con la exposición o mala exposición en algunos medios, dando a conocer datos de una víctima de un delito por ejemplo”, manifestó.
Del mismo modo, valoró el trabajo de prevención y promoción de género llevado adelante a través del cumplimiento de la Ley Micaela. “Al día de la fecha, en la provincia, se han capacitado más de 7.000 personas trabajadoras del Estado, funcionarios públicos y de organismos”, añadió.
