Pasado el último embate legislativo, con otra polémica falta de quorum, elDIARIO de la Región invitó a la profesional Mara Mansur a delimitar los detalles de la ley de promoción de alimentación saludable, conocida como Ley de etiquetado frontal.
Mansur es técnica en Alimentación y miembro de la campaña provincial (en Formosa) por la ley de promoción de Alimentación Saludable e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) Formosa. La profesional dejó en claro que, desde la nutrición y como profesionales de la salud, se debe entender que la ley de promoción de la alimentación saludable “no fue el resultado de algo interno de algún candidate, sino que fue resultado de la lucha de la sociedad civil en general”.
Antes de continuar, remarcó que a la nutrición como profesión “le significó una brecha muy grande para empezar a discutir sobre las acciones deliberadas que puede hacer la industria alimentaria sobre nuestros cuerpos y sobre lo que consumimos”.
“Fue una brecha entre les nutricionistas que se decidieron poner de este lado de la mecha, de una alimentación saludable, libre de conflictos e intereses, de la producción y promoción de políticas públicas basadas en salud, en datos fehacientes y reales; y desde organismos de la sociedad civil, más allá de lo profesional académico”, afirmó. En contraposición de otro grupo de nutricionistas que “tenían un conflicto de interés, que les interesaba vender una marca, un producto y que dentro de sus posibles planes de alimentación se refieren a cantidades con marcas y tipos, frente quienes decíamos que hay que ponerle un parate a la industria alimentaria, a las publicidades y que hay que proteger a las niñeces”.
Mansur señaló que cobró un valor como legislación “porque no fue aislado, sino que el Ministerio de Salud de la Nación, en su momento, hizo la tarea y junto con todas estas organizaciones formaron la jornada de investigación científica de la ley de etiquetado frontal, con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), justamente para actualizarse en los que es el etiquetado frontal en América”. Esa jornada terminó con el apoyo total de la cartera sanitaria a lo que es esta ley y destacó que fue un paso muy importante para la nutrición como profesión, que aún tiene poca cancha en la participación de políticas públicas.
“La ley no plantea un etiquetado porque sí, sino que es el perfil de nutrientes la OPS que está científicamente demostrado que tiene una mejor llegada al consumidor final. Lo que hizo esta jornada fue actualizar en cómo se instrumenta en más de 20 países (como Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México)”, resaltó
BENEFICIOS
Esta ley no sólo legisla o impone un perfil de nutrientes basado en la OPS, sino que “abarca otras cosas que son fundamentales, como prohibición de (cierta) publicidad, la limitación de leyendas que pongan cosas muy mágicas en alimentos que no lo son, que se atribuyen cosas que no son. porque es lo que mejor sabe hacer la industria alimentaria, mentirte sobre cómo puede beneficiarte un producto”. Además, “es la puerta de entrada a la revolución que queremos en nuestro sistema de producción y consumo”. “Estamos tan perdides en lo que comemos y en cómo se produce, en quién y cómo se produce, tenemos un desconocimiento total. Esta ley proviene de las mismas personas que creemos en la seguridad y soberanía alimentaria para todas las personas”, planteó.
En tanto que, a esa afirmación, Mansur explicó: “La seguridad es que la persona tenga para comer, pero la soberanía alimentaria nos hace dueñes de nuestras producciones y decisiones como pertenecientes a nuestras tierras. Por eso viene de la mano de otras leyes como la de acceso a la tierra, de humedales, de la promoción de una alimentación más saludable”.
“Por eso entiendo el lobby de la industria sobre esta ley, porque garantizarle al consumidor una información clara y fidedigna de lo que tiene en frente es el puntapié inicial para que nos empecemos a preguntar sobre todo lo que nos rodea. No sólo los paquetitos en las góndolas, sino lo que no viene en paquetes que puede ser menos saludable de lo que pensamos”, manifestó.
Además, indicó que se suman las enfermedades crónicas no trasmisibles como la hipertensión arterial, las diabetes, “las caries en les niñes. Las infancias son les más expuestes. Prevenir estas enfermedades que perjudican la calidad de vida, esa prevención que hace la ley sobre los productos ultraprocesados, que son los que más tienen grasa, sodio y azúcares”. Y además, “no están nombrados y que se nombran de manera que nadie lo entiende porque así la industria lo permite”, opinó.
Sobre las infancias, indicó que otro beneficio es protegerlas “en el sentido de que establece que aquellos alimentos que tenga un sello o más no pueden ser comercializados en las instituciones escolares públicas”. “Eso es importantísimo porque es el lugar donde les niñes pueden elegir qué comer deliberadamente y es donde pasan la mayoría del tiempo”, expresó. También, permitirá que estos alimentos no formen parte de la canasta básica, “porque nos vamos a empezar a preguntar qué alimentos componen mi canasta y por qué”. “A largo plazo, un alimento que tenga un sello no puede formar parte de una política pública alimentaria, eso también va a obligar a que restructuremos todo el proceso que lastimosamente venimos haciendo a ojos cerrados sobre lo que es la promoción de políticas alimentarias, qué estamos subsidiando, qué estamos promoviendo y cuáles no”, añadió.
NUESTRA ALIMENTACIÓN
En 2019, comentó la profesional, fueron publicadas las encuestas nacionales de nutrición y salud que revelaron datos importantes. Haciendo un breve repaso, dijo que del 3 al 6% de la población consume bebidas con azucares una vez al día, el 15% productos de copetín una o dos veces la semana. “Esos productos que te prometen ganarte un auto, y no es casualidad que haya aumentado tanto el consumo y sólo en la población adulta”, explicó.
En infancias y adolescencias, 5 de cada 10, consumen golosinas dos veces por semana. “El problema no está en que consuman golosinas, no es el punto prohibir, sino pensar qué hizo que entendamos que las niñeces merecen comer golosinas. Qué fue lo que no vimos y la industria sí sobre las decisiones y que llevó a que las infancias consuman el doble que la población adulta”, analizó.
Las infancias de entre 5 a 12 años consumen 40% más bebidas azucaradas que la gente adulta y el doble de golosinas y de productos de copetín.
“Es muy importante desmitificar, porque se habló de que hay otras prioridades, las encuestas dijeron claramente que los grupos con ingresos más bajos eran quienes hacían las peores elecciones alimentarias en cuánto a alimentos recomendados. La ley de etiquetado no es que no sea urgente ni que no tenga nada que ver con la pobreza, con la malnutrición por déficit o por exceso. Es urgente a esta altura que salga esta ley”, añadió.
Otro dato que brindó la profesional es que el 75% de los alimentos que entran en la Tarjeta Alimentar son ultraprocesados, es decir que están siendo subsidiados. Por eso esta legislación “implica la restructuración del acceso a qué alimento estamos facilitando”.
“La ley plantea un montón de otras regulaciones más allá del sello octogonal que puede generar un cambio. La ley ya está funcionando de manera excepcional en otros países y viene a proponer un quiebre sobre lo que estamos acostumbrades a comer”, concluyó.
