La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente debatió recientemente un proyecto de ley que prevé la modificación de la Ley de Biocidas Nº 2026-R de la provincia de Chaco. Con esta iniciativa, se propone excluir a los fertilizantes del artículo 1 y regular lo referido a ellos en un capítulo nuevo, facultando al Poder Ejecutivo «a reglamentar los actos derivados del expendio, aplicación terrestre, transporte, almacenamiento, fraccionamiento, formulación, fabricación, distribución con cargo o gratuita, exhibición y toda otra operación que implique el manejo de fertilizantes inscriptos y autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en las practicas agropecuarias, tanto en el ámbito urbano como rural.»
La Red de Salud Ramón Carrillo, una de las organizaciones ambientales que presentó sus objeciones al proyecto, advierte un cercenamiento de derechos y reclama por una legislación que avance en la protección de derechos, sosteniendo que “el daño que hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos.” Ahora, la Comisión pedirá una audiencia al Ejecutivo para que explique los alcances de la ley.
El proyecto estaba en el orden del día para tratarse en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, pero quedó nuevamente en comisión a partir del reclamo de las organizaciones sociales; la modificación pretendida pone en alerta a las organizaciones que fomentan la preservación del ambiente y la salud, ya que consideran que de aprobarse implicaría un retroceso en materia ambiental y de salud.
Uno de los puntos de conflicto es que se pretende excluir a los fertilizantes del régimen general de la ley y regular lo referido a estos en un capítulo nuevo, facultando al Poder Ejecutivo a reglamentar entre las actividades citadas las de aplicación terrestre de fertilizantes.
Desde la Red de Salud Ramón Carrillo, señalaron como cuestionamiento que la ley de biocidas fue el resultado de un amplio debate y participación, que pese a no responder a lo que demandaban la mayoría de los expositores en las jornadas de la audiencia, debía respetarse el antecedente de participación y toda modificación debe respetar el mismo proceso de información y participación.
Además, cuestionaron “la incongruencia entre la modificación que propone el proyecto y los fundamentos”, que en parte del texto expresa que «con la presente iniciativa se pretende preservar: la salud humana; el ambiente; el patrimonio de terceros; la calidad de los alimentos y otros productos del agro. Ante el cúmulo de denuncias y hechos comprobados que ponen en serio riesgo los bienes mencionados, es ineludible legislar sobre la forma en que se viene aplicando estos productos de alta toxicidad”
En los fundamentos, reconocen que “son numerosos los reclamos y denuncias en Chaco referidas a las aplicaciones aéreas y terrestres sobre zonas urbanas, sobre todo como consecuencia del intensivo cultivo de soja. Los productos llamados agroquímicos, sin determinar con esta denominación la gravedad de su toxicidad, y sin importar si son productos autorizados y de uso ilegal, como actitud precautoria, el Estado provincial debe realizar una seria evaluación de los problemas que están ocasionando en la interface agrourbana.»
RETROCESOS
Además, “la modificación que se pretende no respeta el principio de no regresión y desde la Legislatura se pretendía dar tratamiento al proyecto sin respetar el derecho de información y participación ciudadana, considerando los antecedentes de la ley y que las actividades que regula tienen estrecha relación con la protección de la salud y del ambiente”.
Al respecto, se trazó un paralelismo con la Ley de Biocidas, que resultó de un proceso de debate en el que participaron organizaciones, personas afectadas y también representantes de cámaras empresariales vinculadas a la comercialización y aplicación de agroquímicos en audiencias públicas y reuniones. Como resultado, se logró que se establezcan las distancias de aplicación (500 metros para las terrestres y 1.500 para las áreas, desde centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua)para ejercer el control social, aunque se reclamaba la restricción total.
CASOS TESTIGO Y CRÍTICAS AL PROYECTO
Una de las referentes que intervino en la jornada fue Alejandra Gómez, en representación de la Red de Salud “Ramón Carrillo”. En su alocución, detalló como casos testigos las primeras denuncias ante el Ministerio de Ambiente y la Administración Provincial del Agua (APA), organismo que en el caso de las arroceras alegó que les era imposible realizar análisis de residuos de plaguicidas en aguas por falta de elementos. Enumeró los casos de las familias de Pampa del Indio, que debieron denunciar la fumigación cerca de sus campos con evidentes irregularidades en el cumplimiento de la ley en cuanto a las distancias establecidas y también a los avisos previos de las aplicaciones y los plaguicidas utilizados y los casos en Charata, en las zonas urbanas, cerca de la Escuela Primaria, entre otros.
Además, recordó que las investigaciones realizadas por especialistas de la UBA, Facultad de Ciencias Exactas, revelaron la presencia de glifosato en el 56 por ciento de los sitios muestrados en comunidades qom de Pampa del Indio.
Recordó que en “Argentina se utilizan aproximadamente 107 principios activos que están prohibidos en otros países; varios de estos principios activos están prohibidos en los países de origen de los laboratorios que los comercializan en nuestro país”.
Y señaló que “la actividad agrícola es la única en la que se autoriza a liberar al ambiente sustancias que están diseñadas para eliminar o destruir seres vivos (venenos), si bien los fertilizantes químicos no tienen el mismo fin que los plaguicidas son también contaminantes que pueden alterar la calidad de las aguas, afectar la flora y la fauna y la salud humana”.
La intención fue exponer sobre las consecuencias que puede generar la modificación de la ley y la falta de cumplimiento a las normas ambientales y tratados internacionales de derechos humanos que establecen el derecho a la información y a la participación ciudadana en toda decisión que pueda poner en peligro la salud y el goce del derecho a un ambiente sano.
DESDE LA LEGISLATURA
Por su parte, la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Legislatura comunicó que se debatió el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial. La reunión fue presidida por la diputada Teresa Cubells, con el quórum de los diputados Juan José Bergia, Roy Nikisch y Roberto Acosta quienes acordaron continuar la consulta.
Al finalizar la reunión de comisión, Cubells comentó sobre los planteos: «Escuchamos los planteos, en líneas generales coinciden en que no es conveniente la reforma de la ley de biocidas tal cual está planteada por el Poder Ejecutivo, ellos dan a conocer toda la legislación vigente y todo lo que se está trabajando a nivel mundial y nacional en cuanto a los derechos y las obligaciones del Estado respecto a escuchar a la ciudadanía en su conjunto, de cuáles son sus posiciones en todo lo que tiene que ver con ambiente ya que a partir de leyes vigentes y de las ultimas firmas de convenios que se hicieron en materia de ambiente, los derechos ambientales son tomados como derechos humanos».
«Por ello, entendemos que son reclamos absolutamente atendibles y en consecuencia vamos a solicitar una reunión en conjunto con el Poder Ejecutivo para que nos explique el alcance de las reformas que propone», informó la legisladora.
EL PEDIDO
De la mayoría de quienes hicieron uso de la palabra fue de mantener el texto vigente de la ley actual y en el caso que se pretenda modificarla que se convoque a la participación ciudadana, por otra parte expresaron que esperan “que el Estado provincial realice la «seria evaluación de los problemas que están ocasionando (los agroquímicos) en la interface agrourbana», como expresan en el fundamento del proyecto, y que con «actitud precautoria» en principio no se avance con ninguna modificación de la ley que implique reducir el estándar de protección vigente, que, por el contrario, frente a la situación ambiental actual se legisle para garantizar mayor protección a los bienes ambientales y la salud humana, por las generaciones presentes y futuras”, sostuvieron desde la Red de Salud Ramón Carrillo.
