Ante la represión en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes que sucedió el martes por la tarde, en la que murió el joven de 22 años José María Candia, en medio de una huelga de hambre pacífica, los organismos de Derechos Humanos correntinos exigieron el esclarecimiento de los hechos y justicia.
La primera versión del Servicio Penitenciario refiere a peleas entre internos y situaciones incontrolables. Las filmaciones, los testimonios de vecinos del penal, y de los propios internos expresan una situación totalmente diferente, indicaron en el comunicado.
“Todo empezó en el patio de uno de los pabellones cuando un grupo de jóvenes jugaba a la pelota. En un momento, uno de ellos trepa a una reja interna para buscar el balón y es bajado a escopetazos desde el retén de la guardia, lo que derivó en corridas y luego en una violenta represión por parte de fuerzas del servicio penitenciario”, resalta el comunicado de la Red de DDHH, a cargo históricamente de la activista Hilda Pressman.
El miércoles, el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, reconoció en parte la gravedad del hecho ante los medios de comunicación. “La muerte no se produjo por arma blanca o elemento corto punzante, lo que marca la autopsia es la muerte por disparos de arma de fuego anti-tumultos”, remarcaron como dichos del funcionario.
Además de la muerte de José María, seis personas fueron llevadas a hospitales con heridas contusas y perdigones de goma, uno de ellos con convulsiones. Otros 39 heridos fueron atendidos en el servicio de Sanidad de la misma Unidad Penal. Un penitenciario resultó con una herida cortante en un brazo y dos penitenciarios con heridas con cascotes en la cabeza, detallaron.
VERSIÓN DE LOS ORGANISMOS
“Desde hace dos días más de 400 presos se encontraban en huelga de hambre pacífica para obtener respuestas a solicitudes de libertades anticipadas y arrestos domiciliarios, recomendados por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación de la COVID-19. La medida se precipitó con la presencia de un penitenciario que dio positivo al test de coronavirus, lo que generó alarma en la población, en alerta desde antes del inicio de la cuarentena. Estos pedidos urgentes estaban sin respuesta por la feria judicial, hasta que una presentación del Comité contra la Tortura ante el STJ de Corrientes, logró que esta situación se destrabara y se reanudara el funcionamiento del Juzgado de Ejecución de Condena, para analizar cada uno de estos pedidos”, indicaron.
Los organismos, organizaciones sociales y partidos políticos que firmaron el documento expresaron su solidaridad con la familia de José María. “Exigimos una investigación objetiva y a fondo, garantías para sus compañeros de pabellón y para los testigos. Asimismo, pedimos la preservación de cámaras de seguridad, videos y otros elementos probatorios. Reclamamos el apartamiento de los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo y la responsabilidad penal para los responsables de este nuevo crimen del aparato represivo estatal”, exhortaron.
A su vez, remarcaron que “este es el resultado de una secuencia de inacciones, incumplimientos de garantías constitucionales, morosidad judicial, hacinamiento, sobrepoblación, y abandono, que hoy salen a la luz con la pandemia de COVID-19. No fue motín. No hubo enfrentamiento entre pabellones. A José María Candia lo mató el sistema judicial-penitenciario que lo encarceló hace tres años por robar un celular aun cuando ya fuera reparada esa acción”. Las firmas nuclean a más de 50 organizaciones, incluyendo a personajes destacados como Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.
