Ni el proyecto de autoría de la concejala Teresa Celada de la UCR, que pide la suspensión de las ejecuciones a contribuyentes deudores; ni la declaración de emergencia social y tributaria cuyo autor es el concejal del Frente Grande, Fabricio Bolatti, tuvieron ingreso y tratamiento este martes en una nueva sesión ordinaria en la que se sancionaron ocho ordenanzas, seis de ellas relacionadas a la regularización de tierra fiscal. Las otras dos sanciones le correspondieron a la adhesión a la Ley Yolanda, de capacitación ambiental y la adhesión a una ley provincial que establece objetivos de desarrollo sostenible.
Tampoco el proyecto de ordenanza del Defensor del Pueblo, que establece un régimen para el pago de las deudas generadas durante 2019 que no pudieron hacer frente cientos de familias en medio de un contexto de recesión económica propia de las restricciones establecidas por pandemia.
En el caso del proyecto que plantea la emergencia, del concejal Bolatti, apunta a la suspensión de ejecuciones fiscales, pero tampoco hubo acuerdo para que ingrese fuera de término y pase a comisión con la bancada del bloque oficialista
Por otro lado, hubo un fuerte reclamo de la concejala Teresa Celada de la UCR, quien planteó el perjuicio que ocasiona en el funcionamiento de las Comisiones la falta de financiamiento para dichos fines. Según señaló, no cuentan con papelería o tóner para las impresoras.
