La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) se sumó al reclamo por la derogación de la resolución N° 3759/17 del Directorio del Insssep que, entre otras medidas, aplica modificaciones en el protocolo de derivaciones médicas de pacientes, afiliados a la obra social de la provincia, a otros centros de mayor complejidad.
Mediante un comunicado de prensa, el secretario General de la UPCP, José Niz, solicitó formalmente que se deje sin efecto la resolución y pidió que el gobernador, Domingo Peppo, y la presidenta del Instituto, Mariel Gersel, que los reciba “de modo urgente”. Denunció “la violación de los derechos del paciente y de la ley N° 4044” por dicha resolución.
“Son tan dictatoriales que ni siquiera notifican a los afiliados las resoluciones que dictan, cuando como usuarios tenemos derecho a saber las normas que se nos aplican. El Insssep debe garantizar la libre elección del médico tratante”, sostuvo Niz y señaló que “la derivación es un derecho del paciente, el que requiere para su ejecución solamente la orden de su médico tratante, proceso en el cual la obra social es garante”.
En esa línea, el sindicalista citó el artículo 176 de la ley N° 4044, que indica que la obra social tiene el deber de “asistencia integral de la salud, mediante convenios con prestadores y/o entidades similares privadas y públicas, de la provincia y del país y/o mediante servicios propios, preservando la libre elección del prestador por parte del afiliado”.
“Estamos en una selva, no se respeta la normativa vigente, la ley de derechos del paciente, la ley de derecho a la información, la ley N° 4044, la ley de defensa de los usuarios y consumidores, ni siquiera la Constitución Provincial detiene al Directorio”, aseveró el secretario.
“CONNIVENCIA CON LAS CORPORACIONES”
Para Niz, la raíz de la decisión del Directorio destapa una “evidente connivencia que pone en manos de las corporaciones la facultad de cuestionar al médico de cabecera, único autorizado para definir el mejor y más eficiente tratamiento para su paciente”. “El deber primordial de la obra social es asegurar al afiliado la elección libre del profesional tratante o institución médica que lo debe asistir ante una situación crítica de salud”, reiteró.
“Ahora, antes de derivar a un paciente, la Federación Médica, ACLYSA, el Colegio Médico Gremial, auditarán a su médico asociado para determinar si es correcta o no la derivación, una aberración jurídica, que está en manos del gobernador corregir”, apuntó Niz y adelantó que el quedarán a la espera de que Peppo “ejerza el control de legitimidad que habilita la ley en el caso del dictado de resoluciones por parte de organismos autárquicos que se arrogan derechos que no les corresponden”.
