El Foro Gualamba, que reúne a organizaciones y afines ambientalistas, respondió a las últimas acciones oficiales con un comunicado que circula desde el lunes. Recordaron que el viernes participaron junto a otras organizaciones en una mesa de diálogo convocada por el Gobierno a pedido de los grupos proteccionistas, con el fin de debatir la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia.
“La situación es crítica, quedó claro en la reunión que el decreto firmado por el gobernador el 28 de enero no detiene los desmontes previamente autorizados en áreas protegidas por la Ley de Bosques, solo impide la entrega de nuevos permisos de desmonte en áreas protegidas. Los desmontes ya aprobados implican la pérdida de miles de hectáreas de bosques nativos protegidos. Las personas locales, pequeñas y medianos productores así como comunidades indígenas, se ven altamente perjudicados con las acciones que vienen sosteniendo empresarios junto al gobierno. Se pierde además todo el sistema que regula el clima, las lluvias, las temperaturas, etcétera, poniendo en situación desfavorables a las presentes y futuras generaciones”, señalaron y destacaron así la firmeza de su postura ante ciertos paliativos gubernamentales al respecto.
El Foro manifestó, además, que los desmontes que continúan en ejecución fueron autorizados a través de un mecanismo llamado “recategorización predial”. Este método ya fue declarado ilegal en el 2015 por las autoridades de aplicación de la Ley de Bosque a nivel nacional, subrayaron.
DOCUMENTO
COMPLETO
El último comunicado de prensa se completa con un pasaje de lo que este grupo considera la propuesta más fuerte para una acción concreta e integral, así como el apoyo a las comunidades que históricamente fueron afectadas por este avasallamiento: “Por esta razón es que, junto a otras organizaciones presentes, pedimos, entre otras cosas, al Gobierno provincial que se decrete la Emergencia Ambiental y Forestal, derogando los permisos en vigencia para desmonte en zonas amarillas o recategorizadas a escala predial. Para nosotros esta acción es clave para que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se inicie con éxito”.
“Brindamos todo nuestro apoyo a comunidades indígenas y pequeños productores que viven en y del monte hace décadas y milenios, es clave y obligación del Estado facilitar toda la información y herramientas necesarias para que puedan participar no solo de la actualización del OTBN, sino también de todas las políticas siendo este un derecho invaluable”.
“Consideramos de suma importancia el cumplimiento de la Ley de Bosques, ya que la misma permite que cientos de familias puedan vivir del Bosque de una forma sustentable y armoniosa con el mismo. Solicitamos a Estado el acceso a los fondos previstos, para quienes conservan y utilizan sustentablemente las masas boscosas. Del correcto manejo del monte, de la innovación tecnológica y de la restauración ecológica depende el futuro del sector forestal de Chaco”.
“Expresamos toda nuestra solidaridad con los sectores más vulnerables del ‘camino de la madera’, donde por décadas los hacheros en su momento, hoy motosierristas, guincheros, camioneros, etcétera vienen realizando su trabajo en condiciones inhumanas, fuera de toda ley del trabajador”.
GREENPEACE
La organización ecologista internacional también denunció que a pesar del decreto del Ejecutivo, las topadoras siguen avanzando sobre un área protegida en la estancia “Monterrey”. El terreno de más de 5.000 hectáreas está ubicado en Chaco y limita con el Parque Nacional Copo, refugio del quebracho colorado y especies en peligro de extinción como el yaguareté, el tatú carreta, el oso hormiguero, el loro hablador y el chancho quimilero, indicaron.
“Agradecemos la invitación al diálogo, pero entendemos que el mismo no puede darse mientras continúan ejecutándose los desmontes autorizados por el gobierno”, respondieron.
