Desde las 8.30 de este lunes, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, dará inicio el juicio "Las Marías" en la causa donde se investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los sindicatos de la industria de la alimentación (Stia) y de trabajadores rurales (Fatre) de Virasoro durante la última dictadura cívico-militar.
Las Marías es la empresa yerbatera perteneciente al grupo Navajas Artaza que durante la última dictadura en Argentina secuestró, torturó y desapareció a trabajadores. Uno de los imputados que declarará es el ex intendente de facto de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel.
el DIARIO de la Región dialogó con Noemí Acuña, hija de Marcelo Acuña uno de los sindicalistas del establecimiento Las Marías detenidos ilegalmente.
"Para nosotros, llegar a esta instancia, es un logro importante este juicio inaugural, ya que temíamos que no hubiera juicio, por la demora y por el trabajo de los defensores de los genocidas en el sobreseimiento temprano de Navajas Artaza", dijo Acuña.
Agregó que "es un juicio por la verdad, ya que más allá de que no estén sentados en el banquillo de los acusados, nosotros vamos a poder decir cómo fueron los hechos en Gobernador Virasoro y quienes fueron los responsables".
En referencia a los impedimentos para llegar a la instancia de juicio, Noemí comentó que “luego de 42 años, podemos decir que el camino de lucha fue largo, tedioso, agotador, porque es una pelea con un poder fuerte que tiene una raigambre no solamente en el poder económico, sino en la estructura judicial y política".
Según la grilla confeccionada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, el primero que debería declarar es el imputado, Torres Queirel, quien es asistido en la defensa por el abogado Néstor Irazusta. También están citados para declarar en calidad de testigos Aníbal y Jorge Pérez y Ramona Sánchez (hijos y viuda de Neris Pérez), Genara Díaz (viuda de Peralta), Clara Mercedes Figueredo y Rodolfo Alfredo Fernández.
Para el martes, están citados otros ex trabajadores, familiares y víctimas: Carlos Escobar, Ramón Falcón, Juan Manuel Gómez, María Bernal (hija de Jacinto), Pablo de la Cruz Franco, Ramón Peralta y Agustina Altamirano.
El miércoles, último día del debate, deben asistir oficiales, soldados y personal policial: el sargento retirado Cosme Ramírez, el oficial de policía Arsenio Raúl Berón, el comisario general retirado Julio Fernández, el comisario inspector retirado Juan Ramón Cerdán, Francisco Silva, el sargento retirado Dionisio Cáceres, Alejandro Balleve, Lorenzo Ramos Chilotegui y el comisario general retirado Walter Ramírez.
Noemí Acuña comentó a el DIARIO de la Región que “declarará el policía arrepentido, Giménez, que contará cómo fue la metodología para que desaparecieron a los compañeros. Él cuenta que el Capitán Sacco se juntaba con Adolfo Navajas Artaza y éste le daba la lista de los compañeros que había que desaparecer o detener”.
“En ese momento los que intervenían en la empresa eran Adolfo, Arturo y Pablo Navajas Artaza. De los tres hermanos, solamente está vivo Adolfo Navajas Artaza”, añadió Acuña.
Y agregó que, “para nosotros es importante este juicio por la verdad, para dejar testimonio para el futuro. Como logramos los juicios por los militares, vamos a lograr los juicios por las empresas cómplices de las torturas, tormentos y desapariciones”.
“Nuestro objetivo es dejar escrita la verdad para que el día de mañana no nos vayamos con la responsabilidad empresarial, porque no es solamente la responsabilidad de Adolfo Navajas Artaza, que era un odiador de la clase trabajadora, sino una responsabilidad empresarial”, concluyó Noemí Acuña.
LA HISTORIA
En la década de 1970, los trabajadores rurales e industriales de la empresa Las Marías, de la familia Navajas Artaza, principal empresa de la región que integra todo el circuito productivo de la yerba mate, lograron organizarse gremialmente, encuadrándose respectivamente en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. A través de estas organizaciones, canalizaron numerosos reclamos por mejoras en los salarios y las precarias condiciones de trabajo.
En 1974 realizaron una huelga de 48 horas, que tuvo eco nacional y forzó a la empresa a considerar algunas de las reivindicaciones de sus trabajadores. La dictadura cívico-militar instalada en marzo de 1976 cortó el proceso de movilización obrera, mediante la represión de toda actividad de carácter político y gremial.
En ese marco, más de una decena de trabajadores de Las Marías, todos ellos con participación en los sindicatos, fueron secuestrados entre abril de 1976 y julio de 1977. Dos de ellos, Neris Victoriano Pérez y Marcelo Peralta, permanecen desaparecidos.
En estos hechos, que constituyen delitos de lesa humanidad, existen evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente.
Además de proveer información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que efectuaron los procedimientos de secuestro, se evidencian en este caso situaciones en las que miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores.
La presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente es un fuerte indicio en este sentido. La pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas es otro dato central, especialmente si se tienen en cuenta las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó contra ellos la propia empresa. Se evidencia, además, un claro conocimiento de los hechos criminales, así como una serie de elementos complementarios que muestran con claridad que la empresa habilitó y facilitó recursos para la comisión de los delitos detallados más arriba.
A la espera de que se juzgaran estos delitos, fallecieron algunos de los trabajadores que sufrieron la privación ilegal de su libertad (como los secretarios generales de STIA y FATRE, respectivamente, Marcelo Acuña y Ramón Aguirre, y el trabajador rural Jacinto Bernal); y varios testigos clave (como el maestro y director de escuela Miguel Ángel Argüello y el militante sindical Alfonso Comparín).
En consecuencia, no solamente muchas de las víctimas no serán tenidas en cuenta en el debate, sino que además los principales responsables de los secuestros y desapariciones quedarán impunes. Respecto de los responsables militares, los oficiales Duilio Martínez y Ricardo Schweizer fallecieron durante el proceso, mientras que el coronel Llamil Reston y el capitán Juan Carlos Sacco fueron apartados por razones de salud. En relación a la responsabilidad que le cabe a Las Marías, a pesar de la evidencia presentada en reiteradas instancias, Adolfo Navajas Artaza, que había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal en carácter de imputado por la desaparición del trabajador Neris Victoriano Pérez, fue sobreseído sin habérsele tomado declaración indagatoria, tras la excusación de una veintena de jueces.
