Ayer, la causa que se inició en el fuero federal pero que por estas horas tendrá sus derivaciones en la Justicia provincial, volvió a dejar allanamientos, la “aceptación” de la renuncia de los dos funcionarios “suspendidos” que estaban involucrados (Horacio Rey y Roberto Lugo) y el pedido de intervención a la Justicia provincial para determinar si hubiere los delitos preexistente al lavado de activos.
Es que con el testimonio del lunes de empresarios vinculados al sector náutico, para la Fiscalía que encabeza Patricio Sabadini, está acreditada la compra de una lancha de parte de Horacio Rey por vía de un intermediario que podría ser el propio Ariel Retamozo, quien figura en el expediente o el dueño de la agencia de publicidad Brandon, Facundo Gil.
Como se sabe, los tiempos y las ansiedades de la ciudadanía no son precisamente los de la Justicia y ante la avidez de que existan detenidos o imputaciones que lleven a alguien tras las rejas, el representante del Ministerio Público dejó en clara que la pesquisa se encuentra en un etapa preliminar, que por ahora no cree que se den detenciones en el corto plazo.
Entre los allanamientos que hubo se cuenta a galpones ubicados en Alvear 1800, de donde efectivos secuestraron una lancha.
Además, se confirmó que la Justicia Federal remitió al procurador General, Jorge Canteros, toda documentación de interés que permita determinar su existieron los delitos que están antes del lavado: asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos entre otros.
Entrada la tarde, se conoció que el Gobierno “aceptó” las renuncias de Lugo y Rey. Se trata de cumplir con las formalidades. Ambos ya habían sido “separados” de sus cargos el último sábado pero con este escenario no hay un integrante del oficialismo que presagie su vuelta.
Horacio Rey presentó su renuncia como secretario de la Gobernación.
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