Solo el 10,3% de los hijos, víctimas colaterales de los femicidios acceden a la reparación económica que les corresponde “por mala interpretación de la ley, fallas en la justicia, sentencias confusas o misóginas, laberintos burocráticos y falta de apoyo y acceso a derechos”, explica Luciana Peker. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informaron que se pagó 340 reparaciones el mes pasado y que en muchos casos tarda por la demora del Poder Judicial en otorgar las guardas judiciales a quienes quedan a cargo de los niños.
La periodista feminista Luciana Peker, en una nota de Infobae, entrevistó a Antonia del Valle Leiva Morán, mamá de Maira Benítez y quien actualmente cría a su hija, Brisa de cinco años en Villa Ángela. A pesar de que el caso de su hija tuvo una condena contra Rodrigo Germán Silva el año pasado la carátula del caso fue “homicidio simple”.
La mamá de Maira tiene dos pedidos urgentes, el primero es hacia el cuerpo de Antropología Forense y al Superior Tribunal de Justicia para que la ayuden a identificar el cuerpo de Maira. El segundo es que la sentencia sea por femicidio y que su nieta Brisa pueda cobrar la asignación que le corresponde y que “le niegan porque el expediente dice ‘homicidio’ y no ‘femicidio’”, detalló Peker.
Silvina Amalia Canteros, es la nueva abogada querellante en el caso de Maira Benítez, acompaña el pedido de la familia al Superior Tribunal del Chaco para que se dicte una sentencia que conste que fue un caso de femicidio y que Maira fue víctima de violencia de género. “Antonia quiere despedir y darle sepultura cristiana a su hija. Siempre está la sombra del poder y ha costado empujar la investigación, por eso decidimos que los huesos sean remitidos al Equipo de Antropología Forense. Y vamos a pedir el acceso a la ley Brisa”, precisó la abogada querellante.
Por su parte, Antonia del Valle Leiva Morán, encargada del cuidado de Brisa y que además sufre problemas del corazón y de presión pide la reparación económica desde su humilde vivienda en Villa Ángela. “Estamos luchando por la ley Brisa porque dicen que no le corresponde porque la carátula está como homicidio. Fue un femicidio. No sé por qué la Justicia no lo quiere aceptar”, sostuvo la mamá de Maira Benitez. Y agregó: “Yo no voy a bajar los brazos. Siempre le pido a Dios que si Brisa perdió a su mamá por lo menos tenga futuro, por lo menos tenga esa pensión para sobrevivir el día que yo le falte”, expresó Leiva Morán.
La ley Brisa N° 27452 fue aprobada en 2018, la normativa establece la reparación económica para niñas, niños y adolescentes, víctimas colaterales de la violencia machista extrema, también prevé una cobertura integral de salud. De esta manera, se estableció que los huérfanos por casos de femicidio reciban una reparación económica similar a una jubilación mínima que ronda los $ 14.000, en caso de que los menores tengan discapacidad se extiende hasta los 21 años.
En la ley establecen que la reparación va destinada para los huérfanos cuyo padre haya sido el asesino o partícipe del crimen de su madre y este procesado, condenado o se haya extinguido la causa. Este punto es uno de los que más obstaculiza el acceso a la ley para las víctimas colaterales de los femicidios ya que en muchos el femicida no es el padre de los hijos que quedan huérfanos. Aunque el punto “C” de la ley que busca la reparación por la ausencia materna a causa de la violencia machista dice que le corresponde a aquellos cuya madre haya fallecido “a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”.
Por otro lado, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue consultada sobre el incumplimiento de la Ley Brisa durante el anuncio del convenio de cooperación contra la violencia machista firmado en el salón Obligado de la Casa de Gobierno la semana pasada. Sobre esto explicó que esta ley está en el marco del ministerio de Desarrollo Social a cargo de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) donde el ministerio tiene una participación mínima con dictámenes.
“Sabemos que hay muchas dificultades, estamos pensando en una mesa para poder sobre todo hacer más fluidos los circuitos que están trabados en cuestiones casi técnicas de cuándo se evalúa, que se puede empezar a contar que está el femicidio antes de la condena, con la condena”, comentó Gómez Alcorta. Además, detalló que desde el ministerio detectaron cuáles son los problemas que se dan en el circuito, “haberlo detectado nos va a permitir a partir de ahora poder pensar algunas prácticas para mejorarlo”, aseguró. (Fuente: Infobae y propia).
