(Ansol/elDIARIO) La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Ong de la Cámara de Diputados de la Nación reunió este martes a representantes de todo el arco cooperativo, quienes expresaron un rechazo generalizado al proyecto conocido como ley hojarasca. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone derogar normas consideradas para el oficialismo como «obsoletas», entre ellas la Ley 11.380, que establece la exención impositiva sobre los edificios y construcciones de las cooperativas.
El eje del cuestionamiento fue el impacto directo que tendría la eliminación de esa exención en el cálculo de la contribución especial prevista por la Ley 23.427, lo que —según coincidieron los expositores— implicaría un incremento sustancial de la carga tributaria y pondría en riesgo la sustentabilidad del sector.
Cooperativas agropecuarias: alerta por costos e inversión si sale la ley hojarasca
Desde el sector agropecuario, Mario Raiteri, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), planteó que el cooperativismo es clave para el desarrollo territorial: “No importa la mirada que se tenga de la realidad, si el Estado o el mercado, pero hay un ejemplo claro, que es el pueblo de Mechongué, donde tenemos agua corriente, luz, conectividad, salas velatorias, gas, cloacas, obra pública y cooperativas que compran lo producido. Es la cooperativa la que vino a hacernos vivir mejor”. En esa línea, pidió “que se corrija la Ley Hojarasca” y advirtió que “el cooperativismo necesita que no se lo desfinancie, sino que se lo proteja y se lo ayude”.
Finalmente, desde la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Edgardo Grünfeld advirtió que «si se avanza en esta ley, varias cooperativas dejarían de ser viables, y nos alegra que estemos todos presentes acá por lo mismo. Cambiar esto en este contexto llevará a cooperativas a cerrar. Con esta modificación estaríamos rompiendo algo que funciona”.
Desde Agricultores Federados Argentinos (AFA), Claudio Mahfud remarcó: “estamos muy preocupados por esta nueva ley, por como afecta al movimiento, sobre todo a las cooperativas de servicios, que están donde el Estado no pudo llegar, y es por eso que planteamos esta situación por el daño que puede generar esto”.
Cooperativas de consumo: impacto en precios y servicios
El dirigente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC) y presidente del Hogar Obrero, Néstor Fiumano, explicó que el impacto sería directo en los costos y en los usuarios: “Son cientos de cooperativas distribuidas en todo el país donde las grandes cadenas no van porque no es negocio, y ahí estamos nosotros brindando servicios a precios justos”.
En ese sentido, detalló que la modificación “implicaría un aumento del tributo de entre 4 y 5 puntos”, y puso como ejemplo a la Cooperativa Obrera, que “hizo un aporte de $485.000.000 y si tuviéramos que multiplicarlos por dos o tres estaríamos en una cifra tremenda”. Según indicó, esto “haría inviable el servicio que prestan las cooperativas”.
Cooperativas eléctricas: riesgo tarifario y de quiebra
Desde el sector de servicios públicos, Bruno Rodríguez, de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas, explicó que la eliminación de la exención modificaría la base de cálculo del tributo: “El monto por el que se va a calcular se va a multiplicar exponencialmente, entre 4 y 10 veces”.
Como ejemplo, indicó que una cooperativa que hoy paga $50 millones podría pasar a tributar $500 millones anuales, lo que la pondría “en situación de quiebra”.
En la misma línea, Omar Zorzenon, de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), fue contundente: “¿Qué le decimos a los socios en la energía eléctrica? ¿Que tenemos que aumentar la tarifa porque derogan la ley 11.380?”. Y agregó: “Nuestros socios están soportando aumentos del 600% en los últimos dos años y medio”.
Cooperaticas de trabajo, salid y economía social
Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra), Cristián Horton señaló que “en un contexto de recesión, aumentar la base impositiva atenta contra la existencia de las unidades productivas”, y destacó el rol del sector en momentos de crisis.
Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Juan Carlos Junio cuestionó el concepto de “hojarasca”, remarcó que el cooperativismo y mutualismo de obsoleto no tienen nada, y defendió el rol histórico del sector: “La ley 11.380 no plantea un privilegio, porque las cooperativas no tienen ganancias, tienen excedentes que se capitalizan”.
En tanto, Pablo Rodolfi, de la Federación Argentina de Entidades de la Salud Solidaria (Faess), definió la medida como “un cambio tributario encubierto” y cuestionó que se avance “por la puerta de atrás como si fuera una limpieza técnica”.
Cooperativas de educación y vivienda: impacto social directo
Desde la Federación de Cooperativas de Enseñanza (Feceaba), Serena Colombo advirtió que la medida implicaría aumentos impositivos de hasta el 200% en algunas entidades y cuestionó la falta de comprensión sobre la naturaleza del cooperativismo: “Las propiedades de las cooperativas no son de ninguna persona ni de ninguna empresa”.
En el ámbito de la vivienda, Carlos Mansilla, de la Unión de Cooperativas de Vivienda (Unicoop), explicó que el cambio afectaría directamente a los asociados: “Esta modificación haría que paguemos un tributo por cada casa hasta que se entregue y escriture, y haría que el valor de la cuota sea más caro”.
Un rechazo transversal
Desde la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), Eduardo Canedi pidió a los legisladores considerar el impacto laboral: “El 65% de la mano de obra productora de servicios es cooperativismo o mutualismo”. En tanto, su compañero César Basañes advirtió que el argumento de obsolescencia es “un error técnico”.
También desde Conarcoop-Fecuta, Sebastián Ramos sostuvo que la iniciativa “viene a destruir el trabajo solidario, no vienen por las cooperativas sino por el desarrollo económico que propiciamos en el territorio, vienen por lo que nosotros planteamos cuando el Estado se corre. No nacimos de un repollo, nacimos de un modelo político y económico que nos llevó a ser autogestivos”.
Debate abierto
La reunión dejó en evidencia un amplio consenso dentro del movimiento cooperativo sobre el impacto negativo del proyecto. Las exposiciones coincidieron en señalar que la derogación de la Ley 11.380 no implica una simple actualización normativa, sino una modificación estructural del esquema impositivo que podría afectar la sostenibilidad de entidades clave para el desarrollo productivo y social en todo el país. La discusión continuará en el ámbito parlamentario, donde se definirá si se introducen cambios al proyecto o si avanza en su forma actual.
