Como representantes del oficialismo, participaron del plenario el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien sostuvo que no desarrollaría sobre las reformas del sector energético en esa jornada, y el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. También el vicejefe de Gabinete José Rolandi, quien sólo intervino para palabras introductorias.
Rodríguez Chirillo se expresó al respecto de la declaración de la Emergencia Pública y, ante la demanda opositora, aseguró que el oficialismo está dispuesto a rebajar el plazo de la declaración de emergencia de dos años a 12 meses. «Bajo ningún punto de vista se está tratando de cerrar el Congreso», subrayó.
Tanto él como Barra ratificaron la necesidad de las reformas de la ley ómnibus.
Sin posibilidad de debatir al respecto de las precisiones de las reformas económicas que pretende la ley, diputados de Unión por la Patria pidieron por la presencia en comisión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor del Gobierno Federico Sturzenegger. Sin embargo, para la jornada del miércoles estaría programada la presencia de Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Florencia Misrahi (AFIP); mientras que el jueves se espera que asista la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
LA OPOSICIÓN
Desde UxP, pidieron mejoras en la instrumentalización del debate legislativo y el FI y la UCR,
que se constituyan mayor cantidad de comisiones que puedan abarcar las discusiones pertinentes a todas las reformas que propone la ley ómnibus. María Eugenia Vidal fue una de las más expresivas de su bloque en sus solicitudes, insistiendo en que se remarquen «prioridades”. Además, anticipó que rechazaría el paquete de privatizaciones de forma global que propone en la ley ómnibus y solicitó una «aclaración del Ejecutivo»: «El sector de hidrocarburos no está pidiendo una privatización de YPF».
Ante ello, Eduardo Rodríguez Chirillo apuntó que «todas las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar. Tienen que ser ordenadas y eficientizadas para que sean consideradas sujetas a privatización». Por su parte, Barra aclaró que «la declaración de ‘sujeta a privatización’ es una habilitación, no una orden, que queda a decisión discrecional del Presidente, la situación económica y el diálogo con el Congreso», añadió.
Justicia:
A su turno, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió las reformas sobre la órbita de la Justicia dentro de la ley omnibus, con el argumento de que habilitarían a «entrar en un mundo de modernización». Además prometió un nuevo Código Procesal Penal que permitirá «delinear un plan, que luego les voy a informar, novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado, para que Argentina dé ejemplo de justicia y de orden».
Su principal hincapié fue en el desarrollo de la implementación del juicio por jurados.
En ese marco, apuntó que aplicará a delitos federales con condenas mayores a cinco años: «Narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta cometida en perjuicio del Estado». FUENTE: ÁMBITO
