A tres años de la presentación formal de la denuncia, la causa Pacce-Alvarado por abuso sexual en la infancia continua su avance, “a marcha y contramarcha” debido a la seguidilla de obstáculos y medidas dilatorias orientadas a mantener el proceso en una situación de estancamiento permanente. Por ello, la novedad esta vez reside en un nuevo escollo que pudo ser sorteado, en el rechazo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – de modo contundente, por “inadmisible” – a un pedido de recusación presentado para apartar del proceso al del fiscal Sergio Cáceres Olivera.
De este modo, la vía quedaría expedita para que el fiscal avance en la imputación a Noemí Alvarado de Pacce, acusada junto al exdiputado Daniel Pacce –ya fallecido- de abuso sexual a Rosalía Alvarado, su sobrina por vía paterna, y María Belén Duet.
Las denunciantes tuvieron que lidiar con la angustia y el dolor propios de haber pasado por un hecho semejante; luego, cuando lograron la fortaleza necesaria para denunciar, se toparon con que para la ley vigente el delito se encontraba prescripto. Tuvieron entonces que esperar a la reforma de la ley N° 27206 que canceló la prescripción del abuso sexual en la infancia para poder presentar una denuncia formal contra el 15 de junio de 2016.
Sobrevinieron entonces una serie de pedidos desde la defensa de la pareja imputada que insistió en el archivo por prescripción. Incluso la fiscal original, Daniela Meiriño, decidió cancelar la investigación sin siquiera llegar a juicio. Esta cuestión fue resuelta luego de la apelación de la querella, por lo que la causa cambió de fiscal y recayó en el Juzgado N° 2, de Héctor Sandoval. Con todo, los retrasos y resultaron en el fallecimiento de Daniel Pacce en junio de 2018 sin haber sido citado a declarar. Lo que ocurrió después de la ratificación de la continuidad del juicio fue que se tomaron una serie de declaraciones y pericias, pero no se avanzó en la citación a Noemí Alvarado.
En contacto con este matutino, Rosalía Alvarado manifestó su profunda preocupación los retrasos en la causa por inacción judicial y remarcó: “Este rechazo a la recusación es importante porque nos permite avanzar. Es una causa muy trabada desde hace mucho tiempo, que la Cámara confirme esto significa que se siga adelante con la investigación, que es lo que queremos. No es venganza, necesitamos que se investigue para hacer Justicia, tampoco tenemos que estar esperando tanto habiendo casos que han sido denunciado luego del de nosotras y felizmente están resueltos, mientras que el nuestro no. Celebramos que se pueda avanzar y estamos esperanzadas, para que se sepa la verdad”.
RESPETO A LA VÍCTIMA
Cabe recordar que desde junio de 2019, Chaco es la primera provincia argentina en la que una sobreviviente de Abuso Sexual en la Infancia (ASI) accede a la Justicia desde la vigencia de la ley N° 27206 “de respeto a los tiempos de las víctimas” sancionada en 2015 por unanimidad en el Congreso de la Nación.
El 21 de junio, la Cámara Primera en lo Criminal, a cargo de Lucía Ester Martínez Casas de Resistencia, sentenció a 17 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante a Miguel Ángel Frutos, quien bajo su rol de “padrastro” abusó a una joven, cuando esta tenía entre seis y nueve años, y pudo denunciarlo 25 años después. La Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas introdujo una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cuando la víctima sea menor de edad, independientemente del tiempo transcurrido entre el delito y su denuncia.
