El Senado de la Nación convirtió ayer en ley, durante una sesión especial, un proyecto que prorroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro.
La iniciativa fue aprobada por 57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones. El Frente de Todos y un sector del radicalismo votaron a favor, en tanto que los negativos fueron los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, mientras el resto del bloque macrista presente en el recinto se abstuvo.
El proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas en el texto legal: gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20630; impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17741; e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26522.
De acuerdo con el proyecto, el beneficio continuará “durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra primero”. El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.
Además, será distribuido teniendo en cuenta a las diferentes jurisdicciones provinciales, priorizando a “las regiones geográficas de menor desarrollo relativo en materia de producciones culturales”.
La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a cultura y comunicación. El límite, si no era prorrogado por el Congreso, se vencía el 31 de diciembre de este año.
Si la norma no era sancionada, los recursos dejarían de ser de “asignación específica” y volverían a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas generales. En 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25% de los recursos recaudados para la producción audiovisual a través del Incaa.
En 1997, en tanto, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro; mientras que al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 se agregó la asignación específica para Radio y Televisión Argentina, Enacom, Defensoría del Público, Fondos para la comunicación comunitaria y para la música independiente a través del Instituto Nacional de la Música (Inamu).
CROMAÑÓN
Cromañón, el local bailable de Balvanera en el cual murieron 194 personas por un incendio durante un recital en 2004 se convertirá en un espacio para la memoria. Será de acuerdo a una ley sancionada ayer por la noche en el Senado, sobre la cual sobrevivientes y familiares de las víctimas de la “Masacre de Cromañón» consideraron que servirá para «saldar una deuda con la sociedad».
La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra durante una sesión especial. La iniciativa de reparación estuvo frenada desde 2005 en la Legislatura porteña por la falta de apoyo del oficialismo porteño, no obstante, logró destrabarse este año, a partir del proyecto presentado por un conjunto de organizaciones de familiares y sobrevivientes en el Congreso nacional, el que fue tomado por el bloque del Frente de Todos (FdT).
NO A LOS DESALOJOS
El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley un proyecto que impide que, durante los próximos 10 años, se puedan llevar a cabo los desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado asentamientos precarios.
La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas de la Cámara alta.
El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, defendió el proyecto argumentando que se busca una “ampliación del plazo para darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
