El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó al Poder Ejecutivo provincial a que cese de inmediato toda situación de agravamiento en las condiciones de alojamiento en el centro socioeducativo “Aldea Tres Horquetas”. Fue al hacer lugar a la acción de hábeas corpus colectivo y correctivo interpuesta por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en favor de la totalidad de los adolescentes que residen allí.
La resolución Nº 324/17 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales, con las firmas de la presidenta del STJ, Iride Isabel Grillo, y los ministros: Rolando Toledo, Emilia Valle, Alberto Mario Modi y María Luisa Lucas, ordenó al Ejecutivo que “de forma inmediata y urgente”, en un máximo de 60 días, arbitre los recaudos necesarios para garantizar el cese de toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de alojamiento que signifiquen un trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado.
ALCANCES
Ello incluye el estado precario de sanitarios, habitaciones, espacios comunes e instalaciones eléctricas, la adecuada y suficiente provisión de elementos de limpieza e higiene personal y el acceso efectivo a la educación, salud y justicia.
Por otra parte exhortó al Ejecutivo a refaccionar, en forma total, inmediata y urgente, la aldea Tres Horquetas; así como a efectivizar su traspaso definitivo a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la consecuente desvinculación del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.
El STJ fijó un máximo de 60 días para la conformación de un nuevo equipo de dirección que articule un plan de trabajo integral tendiente a garantizar “el vínculo familiar, facilite el efectivo acceso a la atención médica… y asegure un plan educativo efectivo… para su verdadera integración en el ámbito socio cultural”.
Asimismo, instruyó a la Defensoría General del Chaco para que garantice “un efectivo acceso a la justicia”, e información oportuna sobre la situación procesal de los alojados.
Finalmente, el Alto Cuerpo, dispuso que se conforme una mesa de trabajo integrada por representantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, la Defensoría General del Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Servicio Social y de Equipos Interdisciplinarios del Poder Judicial.
