En la oportunidad se esperaba la declaración testimonial del sobreviviente y actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia Juan Carlos Goya, declaración que se pospuso para hoy, desde la 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia en Irigoyen 33.
La de hoy iba a ser la jornada Nº 18 del de la causa, desde su inicio el 16 de junio pasado y la segunda del año 2017. Organismos de DD. HH. lamentaron que las irregularidades de organización hayan provocado este retraso. El otro testigo convocado para la fecha era el poeta y músico Raúl Junco, también exdetenido político, pero no concurrió y fue excusado por razones de salud. Además se adelantó que los próximos testigos en ser convocados serán Ricardo Uferer, y Ramón “Negro” Luque.
DE TRASLADOS Y EXCARCELACIONES
Resta por saber si se hará efectivo el traslado a la sede del TOF del exmilitar Luis Alberto Patetta, ya condenado en la causa Caballero I y Masacre de Margarita Belén. Sucede que con motivo de sus reiteradas intervenciones por sistema de video conferencia desde el penal de Campo de Mayo, el tribunal decidió que se lo traslade hacia Resistencia, en un intento de agilizar los debates.
En la audiencia anterior, las partes escucharon la ampliación indagatoria de tres imputados, Patetta, Gabino Manader, y José Rodríguez Valiente, (todos ellos ya condenados en la Causa Caballero I por torturas a detenidos políticos). Los tres reiteraron dichos de declaraciones anteriores y básicamente denostaron la veracidad de las acusaciones que pesan en su contra.
Con todo, el eje de aquella jornada pasó por el rotundo repudio a la resolución de excarcelación y prisión domiciliaria en favor de Gabino Manader por razones de salud que no fueron constatadas por peritos de la Corte Suprema y que lleva la firma del juez Juan Manuel Iglesias.
La medida, efectiva desde el 2 de febrero, generó el repudio de organismos de DD. HH. y organizaciones sociales, que realizaron una conferencia de prensa en la vereda del TOF en la que manifestaron su reclamo de “cárcel común y efectiva” y serios cuestionamientos al juez Iglesias.
Desde el Ministerio Público, adelantaron que se apelará la resolución por considerarla un privilegio sin justificativo. Respecto a este punto desde los organismos de DD. HH. destacaron: “No podemos soslayar que Iglesias decide otorgarle la excarcelación en tiempos en los que a nivel nacional los mismos grupos civiles que se vieron beneficiados con el golpe de Estado buscan tergiversar la historia, detener el avance del juzgamiento al terrorismo de Estado y habilitar la criminalización de la protesta social y nuevos atropellos al conjunto de la sociedad”.
