El expresidente Mauricio Macri fue procesado hoy sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes. La medida fue tomada por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) «autor» de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan que se hundió en noviembre de 2017.
Después de tomarle declaración, Bava estimó que «prima facie» Macri es «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal». Como parte del fallo, el exmandatario no podrá salir del país, medida que regirá cuando regrese de Chile.
Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario «no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal». Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un magistrado federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario.
La decisión de Bava se conoció casi un mes después de que indagara a Macri. El expresidente fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.
En esa oportunidad, Macri le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre. El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones, no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre. Después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa.
LA CAUSA
Según reconstruyó el juez, la AFI desde su delegación Mar del Plata se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba el interés nacional e internacional.
En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora general Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes.
Ayer, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error, sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.
La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que el episodio debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el juzgado federal de Dolores. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.
