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“Juicio y Castigo”, también para el Abuso Sexual en la Infancia

Sobrevivientes, referentes y organizaciones sociales presentaron durante una conferencia de prensa en la Casa por la Memoria un urgente pedido de mayor celeridad y compromiso al Poder Judicial en casos por abuso sexual en la infancia, y también políticas públicas para la prevención y contención en la temática.

El auditorio de la Casa por la Memoria albergó durante la mañana de este viernes una conferencia de prensa encarada por Al Fin Justicia, agrupación que impulsa por el juicio y castigo a los autores de delitos contra la integridad sexual o trata cometidos contra menores para expresar ante la comunidad el pedido de los poderes del Estado de un mayor involucramiento en la prevención y en su juzgamiento.

La conferencia de prensa contó con la adhesión del presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco, Aníbal Ponti, de referentes y organizaciones sociales que brindaron su apoyo. Ponti destacó la importancia de: “Militar la solidaridad con este reclamo de Justicia y reparación a sobrevivientes de delitos aberrantes como el abuso sexual en la infancia”. Además, recalcó la intención de la gestión que encabeza al frente de la CPM Chaco de continuar con los tres ejes históricos de Memoria, Verdad y Justicia y asimismo sumar el reclamo de cese de persecución a los líderes latinoamericanos y visibilizar la problemática de la cuestión de género y la militancia feminista.

Acto seguido, Rosalía Alvarado y Victoria Duet, denunciante la primera y hermana de una víctima la segunda, leyeron un crítico documento de Al Fin Justicia. En contacto con este matutino, Rosalía Alvarado comentó respecto del nulo avance de su denuncia a Noemí Alvarado, su tía, señalada como coautora de abusos junto con Daniel Pacce (fallecido): “Seguimos esperando que la imputada sea convocada a declarar, y que se resuelvan las trabas procesales porque el juicio está frenado”. En ese sentido, describió una serie de indicios que ameritan la sospecha de presiones políticas y del entorno de la denunciada al Poder Judicial.

Rosalía Alvarado y María Belén Duet fueron atacadas sexualmente a mediados de los 80 por Daniel Pacce, exfuncionario y diputado nacional por el justicialismo y su esposa, Noemí Alvarado (tía por vía paterna de Rosalía), cuando ambas eran niñas, Rosalía tenía seis años y María Belén, tres. El proceso se inicia en 2016, e incluyo más declarantes, por lo cual crece la presunción de más casos de abuso perpetrados por el matrimonio y asimismo un agravamiento en la participación de Noemí Alvarado, ya no sólo como garante de los ataques, sino también como partícipe activa.

DERECHO A

LA INFANCIA

Luego de la lectura del documento, se realizó una ronda de oradores, con testimonios de apoyo a la demanda impulsada por Al Fin Justicia. La diputada nacional Lucila Masin afirmó: “Esta lucha es colectiva, y toma fuerza si nos empoderamos y visibilizamos el fuerte componente patriarcal de la Justicia. Tenemos que acompañar este reclamo, para que la Justicia actué con celeridad y con perspectiva de género”.

La legisladora provincial Gladis Cristaldo destacó la importancia: “De destinar partidas presupuestarias para respaldar las legislaciones destinadas a contener a las víctimas y lograr una efectiva reparación, así como para generar los dispositivos de prevención de este tipo de delitos”.

Choni Pérez, de Mujeres en el Campo Popular señaló: “No solamente la Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias. El Poder Ejecutivo tiene que aplicar la ESI en las escuelas, porque es un modo de prevenir y habilitar un espacio de contención. Y de nada sirve que se declare la Emergencia en cuestiones de género si no se acompaña con presupuestos y capacitaciones. En estos tiempos en los que se están perfilando las listas exigimos que las plataforma de los programas políticos tengan en cuenta estas necesidades de nuestras infancias”.

La referente feminista Cecilia Solá destacó: “A los medios de prensa les pedimos responsabilidad en la forma en la que trasmiten la información. Dejen de buscar culpables en las víctimas. El único culpable es el abusador, y no son monstruos son sanos hijos del patriarcado destrozando las vidas de nuestras infancias”.

El abogado Paulo Pereyra, querellante en la causa judicial por el caso de Rosalía Alvarado y María Belén Duet, precisó: “El sistema Judicial está en deuda, no sólo fiscales, tribunales sino también abogados que llevan mal los casos. Hay una obligación internacional de tratados, no se trata de un capricho de las víctimas, es necesario aceptar la palabra de las víctimas, investigar eficientemente. Es importante la formación y dejar de lado los prejuicios, hay que aplicar la ley y respetar el derecho humano fundamental de las infancias”.

JUSTICIA EN DEUDA

Respecto del documento, en sus tramos más importantes se remarca: “Mientras que esta semana pudimos celebrar un fallo ejemplar en el cual se aplicó la ley de respeto a los tiempos de las víctimas y una sobreviviente pudo lograr justicia después de 25 años al contar con un fiscal y jueces que supieron escuchar e investigar. Por otro lado, nos encontramos con una justicia selectiva, con prácticas judiciales que contrariamente a las argumentaciones teóricas del Derecho, se sigue considerando a niñas, niños y niñes en los actos judiciales como seres humanos disminuidos y a los sobrevivientes adultos como fantasiosos fabuladores”.Por ello criticaron al Poder Judicial en tanto “evidencia una ideología patriarcal y adultocéntrica, que resultan en la ausencia de medidas de prueba, acciones dilatorias, investigaciones deficientes, vinculaciones forzosas con sus agresores /as y demonización de adultos protectores calificando inmediatamente todos los hechos como “abuso sexual simple”. En ese sentido plantearon si teniendo en cuenta todo lo que implican este tipo de delitos “¿se pude pensar que el abuso sexual tiene algo de simple?”.
Por otra parte remarcaron la “fuerte permeabilidad a presiones políticas y la existencia de una “industria de defensa del pedófilo”, conformada por estudios de abogados/as; profesionales de la salud y operadores judiciales; que junto a una excesiva burocratización convierten el acceso a la justicia en una carrera de obstáculos”.

A modo de conclusión, reeditaron la exigencia de un “abordaje interdisciplinario, respetuoso de los derechos humanos y con perspectiva de género, de respeto a los tiempos de las víctimas”, de “de medidas que eviten la re victimización durante el proceso judicial”, y por supuesto, “la sanción del crimen, que permite a la comunidad y a las víctimas salir del estado de dañina injusticia que la impunidad genera”. En este cuadro de situación, subrayaron el papel privilegiado en la reparación que le compete al sistema de Justicia, y afirmaron: “Estamos esperando que el Poder Judicial investigue con celeridad, que sancione estos delitos y que se capacite. Basta de impunidad. No a la prescripción. Educación Sexual Integral. Justicia para sobrevivientes de abuso sexual”.

Acompañaron el reclamo impulsado por Al Fin Justicia organizaciones sociales y referentes de un amplio espectro; el escritor y exdetenido político Miguel Molfino, la filósofa Martha Bardaro, las legisladoras Gladis Cristaldo y Lucila Masin y el diputado Daniel Trabalón, Cecilia Solá, Analía Otaño, Delia “Choni” Pérez, Carlos “Ratón” Aranda, Angélica Kees, Belén Rodríguez, Charo Alcire, la concejal Nancy Sotelo y familias de víctimas y sobrevivientes. Además estuvieron presentes Revuelta Feminista, Mala Junta, Multisectorial Feminista, la Asociación de Ex Detenidos Políticos, CTA de los Trabajadores, Cámpora, Colectivo Nacional; Ateneo Feminista Movimiento Evita, Unidad Ciudadana, Corriente Clasista y Combativa (CCC), CAMPO, Partido Comunista Revolucionario (PCR), Frente Grande, Cátedra Libre de DD. HH., Agrupación Scalabrini Ortiz, Mujeres Peronistas con Cristina, Forja, Unión de Mujeres en Lucha, Somos.

 

 

 

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