El alegato acusador en la causa Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones fue completado en la mañana de este jueves 22 por lla querella que representan Silvina Canteros, y Paulo Pereyra, de la Secretaría de DDHH de la provincia del Chaco, con la calificación legal de los hechos y el pedido de pena de prisión perpetua para 8 de represores; Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marin, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta Albino Luis Borda, José Tadeo Luis Bettolli, todos ellos con un promedio de entre 6 y 8 hechos imputados.
Además, se solicitó la pena de 25 años para Jorge Ibarra (dos hechos) y 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi (por un hecho). En todos los casos se imputó por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real, tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en concurso real, desaparición forzada agravada por resultado de muerte y por el delito de violación.
Por motivos de agenda en las respectivas jurisdicciones de los jueces del tribunal, Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia) , la causa pasará a un cuarto intermedio hasta el viernes 23 de marzo. Ese día comenzará su alegato el Ministerio Público Fiscal, luego, a fines de marzo o primeros días de abril, será el turno de las defensas de los represores imputados, y entonces el proceso quedará expedito para el dictado de la sentencia.
TORMENTOS
AGRAVADOS
Con todo didáctico y sin fisuras, Silvina Canteros presentó la calificación legal de los hechos, respecto de la autoría que les cupo a cada uno de los represores imputados, así como razón de ser de la acusación del delito de violación como crimen de lesa humanidad .Por su parte, Paulo Pereyra hizo un análisis de jurisprudencia y doctrina respecto de la caracterización y calificación del delito de desaparición forzada de personas en contexto de prácticas de exterminio. En la audiencia anterior el querellante Manuel Brest se había referido a los hechos acreditados y la valoración de la prueba.
La audiencia en el Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzó a las 9.45 en un recinto colmado de público; sobrevivientes, familiares de víctimas y militantes de DDHH y de diversas organizaciones sociales y políticas, entre quienes destacaron la senadora nacional Marín Pilatti Vergara, la diputada provincial Gladis Cristaldo, y la secretaria general de CGT Graciela Aranda. Cuando promediaba el alegato, el imputado con beneficio de prisión domiciliaria Gabino Manader manifestó un malestar físico, por lo cual fue autorizado a dejar la sala de audiencia en compañía de un médico.
Canteros planteó como calificación legal de los hechos el de tormentos agravados por ser cometidos por funcionarios públicos, ex policías y militares con la guarda de los detenidos políticos. En ese sentido destacó “tres niveles de destrucción”; la destrucción de la personalidad jurídica (detenidos sin abogados ni acceso a un juez) la destrucción física (tormentos y maltrato corporal) y la destrucción moral (degradación de la condición humana por condiciones de detención humillantes). “Todo ello configuró una situación de tormento” precisó. Otro agravante fue justamente la condición de presos y
PLAN SISTEMÁTICO
Respecto de la autoría y como endilgársela a cada uno de los imputados Canteros explicó que por el tipo de crímenes que se juzgan, cometidos desde la impunidad que detentaban los represores, permitiéndoles borrar pruebas, deben tomarse ciertos recaudos. “A ello se contrapone la vasta y diversa serie de “indicios, deducciones lógicas, y testimonios de sobrevivientes”. Por otra parte, señaló que se da una coautoría en la cual cada uno cumplió un papel necesario en razón de la división de tareas con la cual se organizaba el funcionamiento del Centro Clandestino. “El “hecho delictivo” era el plan sistemático de represión y terrorismo de Estado, y todos quienes cumplieron funciones en él son autores, aunque cada cual haya cumplido un aporte específico” sostuvo.
Una cuestión importante en el alegato fue la de la violación entendida como delito autónomo, es decir, escindida del delito de tormentos. Por ello solicitó incorporar la lectura de género a la calificación jurídica de los hechos para visibilizar que la violación formó parte de un mecanismo de castigo especial sobre mujeres que habían salido de su espacio privado y estaban actuando en el medio social.
Al término de su exposición la querellante rindió un escueto pero sentido homenaje la familia y memoria de la desaparecida Sara Ayala, (cuyo caso junto con el de su esposo, también desaparecido, Pedro Morel forman parte de la acusación). Además, recordó el papel que le cupo al abogado Mario Bosch; “una ausencia sentida, Mario debía estar acá hoy; él fue una bandera en la defensa de los DDHH”, ante el aplauso cerrado por parte del público.
