- Fotos: Pablo Caprarulo
Ayer por la tarde se realizó una nueva Marcha de la Gorra en Resistencia. A partir de la 17 fue la convocatoria desde Plaza España y culminó con un festival cultural en la plaza 25 de mayo.
Bajo las consignas “no queremos seguir llorando la muerte a manos de la policía de pibes y pibas” y “Ni mano dura ni represión, para los/as pibes, trabajo y educación”, se concentraron varias organizaciones sindicales, sociales y políticas, más personas autoconvocadas y familias exigiendo justicia por algún joven.
Leyeron un documento oficial de la Mesa de la Marcha de la Gorra Chaco, “movilizadxs por un problema que nos afecta a todxs y más aún a las juventudes de los barrios populares del país”.
Este matutino habló con Ezequiel Cubilla, integrante de la Mesa, quien explicó que la primera marcha local fue en 2019. “Es un espacio que nació por la brutalidad policial que existe en la Argentina. Con los diferentes espacios que forman la Marcha de la Gorra, decidimos armar este espacio por la gran cantidad de casos de gatillo fácil que existen en nuestra provincia, y por todos los abusos que no se ven o no se enteran y que son muchos”, indicó.
Agregó que “muchos de los pibes o las pibas que hoy llevan presos no generan la denuncia, empezamos a hablar (con ellos) en los barrios para que lo hagan”.
El integrante de la Marcha también expresó que los espacios gubernamentales actualmente “dentro de todo, están respondiendo, se hacen cargo y si tienen que ir a juicio, van”.
En segundos, nombró varios casos de los últimos tiempos como el de José Lagos y la joven que fue abusada sexualmente por efectivos en San Martín, otro joven golpeado en Resistencia por la policía -hijo de una integrante de la CCC-, la familia qom atacada en el barrio Banderas Argentinas durante la pandemia y la muerte de Sebastián Ponce de León.
“Pudimos generar un espacio (con funcionarios) donde nos dieron respuesta de algunos de los casos que estaban estancados”, explicó y dijo que el “cajoneo” es algo frecuente en este tipo de denuncias.
“La violencia institucional no lo vamos a solucionar con más patrulleros, más policías y más armamentos, la vamos a empezar a solucionar cuando en los barrios, los pibes y las pibas tengan garantía de acceso a la educación, a la salud, el deporte y la cultura”, remarcó.
Cubilla indicó que en la zona metropolitana es donde se van mayores casos de violencia institucional “pero también muy de seguido en el interior”.
En diálogo con áreas estatales, Cubilla señalaba que sacaron una estadística aproximada de 1600 denuncias sólo en este año por violencia institucional. Reafirmó que existen muchas juventudes que no hacen la denuncia, o tiene miedo a reprimendas, “algo que ya ha pasado”, aseguró.
Por último, subrayó la consigna que tienen desde 2019: “mi cara, mi ropa mi barrio no son delito”, expresando que los jóvenes detenidos legalmente generalmente tienen que ver con barrios donde viven y fundamentado en una preocupante discriminación social.
TRABAJO ARTICULADO
En comunicación con elDIARIO de la Región, Kevin Nielsen, quien participó de la marcha como integrante del Comité para Prevenir la Tortura y los Malos Tratos, expresó que hay un diálogo constante con las organizaciones sociales, políticas y espacios que militan por la erradicación de la violencia policial. “Ese diálogo nos permite tener información de primera mano de cómo operan las rutinas policiales en los barrios. Además de que muchas veces son nexos entre las víctimas y el organismo, lo que ayuda a la recepción de denuncias individuales, pero a su vez a la construcción de información global de la violencia institucional”, señaló y añadió: “nos reunimos para empezar a organizar el primer consejo consultivo para la Prevención de la tortura y los malos tratos. Esta fue una de las cuatro reuniones preparatorias que tuvimos con diferentes sectores, desde consejos profesionales, organizaciones de diversidad, organizaciones vinculadas a la justicia y de derechos humanos.
Respecto a la marcha de ayer, informó que emitieron desde el Comité una declaración de interés y acompañaron con un puesto informativo.
Comentó la nueva gestión del Comité empezó por vincularse con otros organismos estatales para tener un trabajo articulado. “En segundo lugar vamos a poner en funcionamiento el consejo consultivo, un espacio de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en sus tres poderes. Es un dispositivo que ya estaba previsto en la ley anterior del Comité pero que nunca se puso en funcionamiento. Creemos que va a ser una herramienta importante para que haya un diálogo franco y bienintencionado que nos haga tomar de conciencia de la estructuralidad de la violencia policial pero que al mismo tiempo invite a buscar soluciones prácticas y realizables que puedan disminuirla en el corto plazo”.
