Derechos Humanos

Mazzoni- Casco: primer día del juicio a los “civiles” del genocidio

Este jueves comenzó la denominada causa Mazzoni – Casco, primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Chaco con acusados civiles. Se leyó un extracto del requerimiento fiscal con testimonios del accionar articulado de la Justicia Federal y la represión ilegal durante la última dictadura, así como también los tormentos a detenidos políticos en la U7. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 2 de agosto.

La causa denominada Mazzoni – Casco, primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Chaco con acusados civiles, dio inicio durante la mañana de este jueves 4 de julio en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia,  con la lectura de la denuncia fiscal y avances en la organización del cronograma de audiencias.  Figuran imputados el ex funcionario judicial Roberto Mazzoni y el ex guardicárcel de U7 Pablo Casco, el primero por su colaboración con el dispositivo de secuestros y torturas a militantes en la década del setenta, y Casco por torturas y tormentos agravados a dos detenidos.

La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 2 de agosto, oportunidad en la que se espera la declaración de Mazzoni, luego de lo cual comenzará la etapa de testimoniales, con una lista de 16 testigos convocados, tal y como quedó oficializado por el tribunal en la audiencia de este jueves.

Pese a que estaba pautado el inicio a las 10, la audiencia comenzó con casi media hora de retraso y se extendió hasta cerca de las 13 h. Con el tribunal en la sala – presidente Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y  Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa- y luego de dar por acreditada la presencia de los imputados y de las partes  – el defensor oficial Juan Manuel Costilla (representa a Mazzoni)  la dra. Olga Mongeló (lo  propio con César Casco) los fiscales Carlos Amad, Federico Carniel, Horacio Rodríguez y Diego Vigay y el querellante Paulo Pereyra por parte de la Secretaría de DDHH de la provincia –  por secretaría se dio lectura a una minuta con la plataforma fáctica del requerimiento fiscal de elevación a juicio, (al cual se adhirió desde la querella).

DENUNCIAS

EN SACO ROTO

Surge del documento una serie de testimonios de varios ex detenidos y detenidas por razones políticas en los cuales se evidencian pedidos de ayuda a representantes de la Justicia que cayeron en saco roto ante la negativa de investigar las denuncias, en tanto los funcionarios judiciales, con el fallecido ex Juez Córdoba a la cabeza, articular su accionar para brindar una cobertura legal al plan sistemático de represión genocida.

En ese sentido, puede destacarse lo declarado por el actual presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Aníbal Ponti, detenido en marzo/abril de 1975 a raíz de su cargo como delegado de la Juventud Peronista regional IV. Ponti estuvo siete años preso; pasó por la ex Brigada de Investigaciones y fue sometido a todo tipo de torturas, habiéndose entrevistado en muchas oportunidades con el ex juez Córdoba, el en ese entonces secretario de juzgado Mazzoni y manifestado los tormentos sufridos. En una ocasión llegaron a señalarle por toda respuesta que las magulladuras y escoriaciones por las palizas y picanas podían tratarse de heridas de en la piel por falta de higiene.

Similar fue el trato recibido por la ex detenida Mirta Clara, secuestrada el 5 de octubre de 1975 junto a su compañero Néstor Sala, cuando atravesaba un embarazo. A Sala lo fusilaron el 13 de diciembre de 1976, ocasión en la que el imputado Casco fue uno de los responsables de “entregar” al detenido a las fuerzas militares del “convoy de la muerte”. Mirta Clara padeció toda la batería de torturas y vejámenes destinadas a las presas políticas. En diciembre de 1975 declaró en el juzgado Federal ante Mazzoni, y le denunció los hechos así como exigió cuidados por su embarazo. La respuesta de Mazzoni fue categórica; alzó el teléfono exclamó; “¿Brigada, a la sra. Sala es necesario preguntarle algo más?”. Ante ese reconocimiento de parcialidad Sala optó por no declarar.

En lo que refiere el caso de César Casco, “célebre” entre la comunidad de sobrevivientes de la cárcel Unidad Nº 7 por ser uno de los jefes de guardia más violentos y duros, en la acusación figuran los testimonios de los ex detenidos Hugo Dedieu y Carlos Aranda. Este último aterrizó en la U7 en abril de 1977 luego de haber pasado por Jefatura y Brigada de Investigaciones, dónde conoció de primera mano a la patota que integraban Thomas, Manader, Rodríguez Valiente, Meza, y compañía. En la U7 la cosa se le volvió un poco menos brutal, pero no mejoró demasiado porque allí lo esperaba Casco. “Era obsesivamente cruel, un torturador, siempre tenía una excusa para pegar o sancionar a los detenidos” señaló Aranda. En una oportunidad Casco dispuso que cumpliera un castigo de treinta días en un pabellón destinado al efecto, donde permaneció desnudo, con mínima ración de comida y obligado a bañarse con agua helada dos veces por día en pleno invierno.

CÓMO SIGUE

La lectura fue seguida con atención desde el sector destinado al  público, con la presencia de militantes de organismos de DDHH, sobrevivientes y familiares y también allegados al par de imputados. También estuvo presente la secretaria de DDHH de la provincia Celeste Segovia. Avanzada la lectura, durante el tramo referido a las calificaciones legales, pudo advertirse un risueño diálogo de gestos y miradas entre el fiscal Amad y el defensor Costilla, probable anticipo de los debates que vendrán.

Culminada la lectura del documento, el presidente Juan Manuel  Iglesias declaró abierto el debate y comunicó que el cronograma de audiencias es el siguiente; 2, 6, 7, 12, 13 y 20 al 23 de agosto.

Ambos imputados permanecieron prácticamente toda la jornada sin emitir gestos ni palabra alguna, salvo alguna consulta con sus respectivos abogados,  y cabizbajos y preocupados por, ocultar el rostro, de traje Mazzoni – y con una campera y bufanda Casco. Cabe recordar que Mazzoni fue designado secretario del Juzgado Federal en mayo de 1974, y el 28 de junio de 1976 el gobierno de facto lo nombró Fiscal, cargo que ejerció hasta el 8 de abril de 1992, cuando fue nombrado fiscal de la Cámara Federal de Resistencia.

 

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