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Mazzoni: la “Justicia de Videla”, al banquillo

Este viernes en el día en el que el dictador Jorge Rafael Videla hubiese cumplido 94 años, se cumplió la segunda jornada del juicio a civiles implicados en el terrorismo de Estado denominada causa Mazzoni – Casco, con testimonios de sobrevivientes que remarcaron la indiferencia del exsecretario y fiscal Roberto Mazzoni y demás integrantes de la Justicia federal ante los reclamos de intervención para investigar las denuncias de torturas o al menos hacer cesar las condiciones inhumanas de detención. “El poder Militar no podía funcionar sin el Poder Judicial. La Justicia actúo como una corporación, y no miró para otro lado, directamente avaló el terrorismo de Estado”, relató la declarante María Dimeryi. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes, oportunidad en la que se espera la declaración de Aníbal Ponti y otros exdetenidos políticos.

La segunda jornada del juicio a civiles implicados en el terrorismo de Estado denominada causa Mazzoni – Casco se desarrolló durante la mañana del viernes (2 de agosto, fecha en la que el genocida Jorge Rafael Videla hubiese cumplido 94 años) en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia con la ampliación indagatoria de uno de los imputados, el exfuncionario judicial Roberto Mazzoni, quien negó todas las acusaciones, y la apertura de la etapa de testiomoniales con las declaraciones de María Gregoria Pérez, Maria Dimeryi y José Castro.

Las testimoniales remarcaron la indiferencia de Mazzoni y demás integrantes de la Justicia federal ante los reclamos de intervención para investigar las denuncias de torturas o al menos hacer cesar las condiciones inhumanas de detención. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes, oportunidad en la cual se espera contar con los testimonios de Eugenio Domínguez Silva, Hugo Dedieu, Dante Peinó y Aníbal Ponti, exdetenidos políticos y el último actual presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Los debates continuarán el miércoles, con testigos convocados por la defensa. La grilla de audiencias proseguirá el 12, 13, 20 y 23.

A Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento. Al expenitenciario Pablo Casco se le imputan torturas y tormentos agravados en dos casos. El tribunal está conformado por los magistrados Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa.

SOBREVIVIENTES

La etapa de testimoniales fue inaugurada con la declaración de María Pérez, quien ratificó lo declarado con anterioridad y con gran entereza se presentó una vez más ante un estrado judicial para dar cuenta de su calvario cuando tenía 20 años. Fue una de las testigos de la Causa Caballero I, de 2010. En ese proceso relató un ensañamiento pocas veces visto por parte de los por regla general feroces torturadores de la Brigada durante los 15 días que estuvo en cautiverio, con un saldo de complicaciones médicas durante toda su vida y más de una decena de intervenciones quirúrgicas. En este juicio vino a dar cuenta de la revictimización judicial que sufrió al momento de denunciar los hechos.

Habiendo manifestado la necesidad urgente de que sus heridas infectadas y hemorragias  recibieran tratamiento, se le contestó que formaba parte de “otro procedimiento”. En una oportunidad fue sacada de la Brigada y llevada ante Mazzoni, quien recibió del agente policial que la tenía en guardia un regalo de parte del jefe de la Brigada Carlos Thomas; un arma de fuego. El funcionario maniobró el arma y ante la recomendación de que tuviese cuidado porque estaba cargada respondió; “Yo sé de armas, a mí no se me va a escapar un tiro”. “Eso me afectó muchísimo. Mi mayor confianza era la Justicia. A mí me marcó a fuego. Ya no sabía dónde estaba. No podía confiar en nadie era lo único que pensaba”, recordó la testigo, que todavía tuvo la grandeza de remarcar: “del juez Federal Luis Córdoba no voy a hablar, porque está fallecido”, (se trata de otro de los garantes judiciales del genocidio imputado en esta causa).

Del mismo modo, María Dimeryi y José Castro, dieron cuenta de la “cobertura legal a lo ilegal” por parte de Mazzoni y compañía. La pareja fue detenida el 23 de octubre del 74 en Resistencia con una hija de un año y un embarazo de tres meses, en una casa detrás de la cancha de Chaco For Ever. “Recuerdo personal de civil, y uniformados, de azul y verde, aproximadamente 30 personas.Nos pusieron al piso y comenzaron a pegarnos, mi hija lloraba en el patio. A mi marido le ponen un pullover en la cabeza y lo sacan en el piso de uno de los autos. Yo reclamaba por mi hija porque no la escuchaba llorar más. Ellos discuten qué hacer con la nena. Me esposan del lado de adelante, y me dicen mantené la cabeza gacha o ligás vos y tu hija” contó Dimeryi. Además relató: “Sufrí tortura estando embarazada y solicité al Juzgado autorización para no tener el parto de mi hija esposada ni con presencia policial. Nunca me respondieron. A mi hija no la volví a tener en la cárcel. Mi parto fue esposada a la camilla y con presencia policial”.

AVAL AL TERROR

Recién en 1976 fue entrevistada por Mazzoni, Córdoba, Flores Leyes. “Me dicen que voy a ir al penal de Devoto. Reclamé por todo lo que había necesitado en ese tiempo, las torturas, todo. No me dijeron nada. Cuando me dan a firmar el acta constato que no habían registrado nada. Les reclamó y me respondieron que “no tenía trascendencia” y que agradeciera que estaba viva”.

Por su parte, José Castro comentó padecimientos similares; sobre las torturas, rechazo judicial a tomar cartas en el asunto, en tanto “parte interesada” en el dispositivo de exterminio. “Hubo una vez durante un encuentro en el juzgado una discusión con Flores Leyes, por consideraciones políticas, él decía que era una guerra entre Argentina y Cuba. Le dije que era ciudadano argentino y quería denunciar torturas y secuestro. Eso motivó una discusión. Flores Leyes la remata diciendo que había que matarnos a todos”.

Luego de declarar en el juzgado Federal sobre «la palizas» recibidas durante su detención, al regresar a la Alcaidía lo volvieron a torturar. Por ello planteó: “Fueron la cobertura legal a lo ilegal. La impresión que nos quedó fue que ellos estaban totalmente de acuerdo con ese régimen de destrucción. Hubiesen tomado las denuncias, o bien renunciado. Nadie estaba obligado a permanecer como miembro del Poder Judicial”. En ese sentido, resulta muy gráfico el cierre del testimonio de Dimeryi, quién sentenció:  “Compartí celda muchos años en Devoto con Mirta Clara (ex detenida y testigo en este proceso, fallecida). Conozco todos sus padecimientos, el trato incruento que recibió, su embarazo y el fusilamiento de Néstor Sala en Margarita Belén. Hace 45 años que venimos peleando porque se haga Justicia. Vengo por mí y por todas las personas que fueron segadas de su vida. Y en eso mucho tuvo que ver este Poder Judicial del que estamos hablando. No fue solamente violación por omisión, fue participación activa. El poder Militar no podía funcionar sin el Poder Judicial. La Justicia actúo como una corporación, y no miró para otro lado, directamente avaló el terrorismo de Estado”.

CASI UNA AUTOINCRIMINACIÓN

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La audiencia de ayer comenzó pasadas las 10 de la mañana y terminó cerca de las 13, con la ampliación indagatoria de Roberto Mazzoni, designado secretario del Juzgado Federal en mayo de 1974, desde el 28 de junio de 1976 nombrado fiscal por el gobierno de facto, cargo que ejerció hasta el 8 de abril de 1992, cuando fue ascendió a fiscal de la Cámara Federal de Resistencia. «Niego todos y cada uno de los hechos que se me imputan y rechazo enfáticamente no haber asumido las diligencias a mi cargo como secretario y fiscal», afirmó y declaró no haber presente en ninguno de los operativos de detención y que el quien sí lo hizo fue el fallecido y en ese entonces secretario judicial Eduardo Flores Leyes.

Consultado por la fiscalía por el retraso entre los hechos, de torturas denunciados, de mediados de 1974 y 1975, y la fecha de las diligencias y expedientes, de 1985 el imputado respondió; “ Se extraían testimonios y comenzaba la investigación, lo que ocurre es que cada vez que los expedientes llegaban a la Cámara Federal esta recomendaba que se hicieran las investigaciones respectivas, y se mandaba a primera instancia para que la investigación se realice… puede haber transcurrido un lapso pero la investigación se hacía desde un principio”. Fue la primera vez que su relato evidenció dudas, con latiguillos y digresiones sobre la ubicación de las reparticiones policiales donde se realizaban los chequeos sanitarios de detenidos, al punto que su defensor Juan Manuel Costilla pidió la interrupción de su declaración para realizar una «recomendación técnica». Por ello allí culminó su exposición, ante el riesgo de autoincriminarse al reconocer que los detenidos denunciaban torturas pero el trámite judicial no se iniciaba hasta una década después.

También se tenía previsto escuchar la declaración del otro imputado, el ex guardiacárcel Pablo Casco, pero ante la ausencia de su defensora, la dra. Olga Mongeló, y del doctor Ricardo Osuna, quien iba a remplazar a la letrada, el imputado decidió abstenerse y se pospuso su intervención para una jornada posterior. Asimismo, ante una descompostura fue liberado de tener que comparecer durante el debate, en uso de las prerrogativas que lo amparan al ser sujeto de un proceso judicial bajo el Estado de Derecho, muy al contrario del trato recibido por los detenidos a su cargo.

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