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Media sanción a la baja de imputabilidad: “La salida no es mayor punibilidad, sino mayor inclusión”

Tras la aprobación en Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, Roberto Sotelo, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, advirtió sobre la falta de debate, las condiciones del sistema penitenciario y la necesidad de políticas de inclusión por sobre el encierro.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada el jueves con 149 votos afirmativos y 100 negativos, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

Roberto Sotelo, integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, en declaraciones a Ciudad Televisión, señaló que “esta discusión en torno a la baja de imputabilidad no es un tema nuevo” y recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri ya se había impulsado una modificación en ese sentido.

El proyecto original contemplaba reducir la edad a 13 años, aunque el texto aprobado fija el límite en 14. “La ley vigente prevé la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. De aprobarse la ley, daría para la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años”, explicó.

Estándares internacionales y condiciones estructurales

Sotelo indicó que uno de los ejes centrales del debate tiene que ver con los estándares internacionales. “La Convención de los Derechos del Niño estima que sea alrededor de los 14 años, pero con diversas medidas que tienden a la reintegración y a la reparación”, afirmó.

También cuestionó las condiciones del sistema penitenciario para alojar adolescentes. “Va a ser el personal penitenciario el que va a estar a cargo del cuidado de estos adolescentes. La ley prevé una capacitación que debería realizarse en seis meses”, señaló, y advirtió que existe “falta de personal en el ámbito penitenciario”.

Que el Estado ingrese primeramente al barrio y trabaje en estas acciones, y se va a reducir la tasa de criminalidad.

En el caso de Chaco, sostuvo que hay un “déficit estructural que ronda el 105%”. Si bien el proyecto establece que no compartirán espacios con adultos, deberán adecuarse instalaciones en ese plazo. “No podemos resolver el tema de los adultos privados de libertad y queremos introducir otro nuevo actor a esta situación”, expresó.

Penas y tratamiento legislativo

La iniciativa establece penas máximas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios y secuestros. Para Sotelo, la legislación actual, aunque “no es perfecta”, ha funcionado con modificaciones y contempla herramientas reparatorias.

Hay que trabajar mucho en lo que tenga que ver la reinserción social, la inclusión, la salud y la salud mental”, afirmó. Indicó que muchos jóvenes en conflicto con la ley penal están atravesados por situaciones de consumo y marginalidad. “La respuesta que estaríamos brindando hoy es encierro”, sostuvo.

Además, cuestionó el tratamiento parlamentario. “La verdad que no hubo un análisis”, dijo, al señalar que el debate se dio en el marco de sesiones extraordinarias y sin el recorrido habitual por comisiones.

Situación actual y mirada de fondo

Actualmente, explicó, cuando un menor de 14 años comete un delito grave interviene la justicia penal juvenil y puede disponerse una internación provisoria en el centro socioeducativo Aldea Tres Horquetas, donde se brinda contención educativa y sanitaria.

Para Sotelo, el enfoque debería centrarse en políticas públicas de inclusión. “La salida no es mayor punibilidad, sino mayor inclusión”, afirmó. Y concluyó: “Que el Estado ingrese primeramente al barrio y trabaje en estas acciones, y se va a reducir la tasa de criminalidad”.

El proyecto continuará ahora su tratamiento en el Senado, donde se definirá si la reducción de la edad de imputabilidad se convierte en ley.

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

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