Tras conseguir el acompañamiento de la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley 526/24 fue girado a la Comisión de Trabajo que abordó este martes el tema y recibió despacho unánime. El mismo es de autoría del diputado Omar Guillón y modifica el artículo 17 de la ley Nº 3792-H, que crea los Programas de ayuda provincial (Papro) y municipal (PAM).
La Comisión de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social concretó su tercera reunión ordinaria, presidida por el diputado Francisco Romero Castelán; y la participaron de sus pares Ernesto Blasco; Santiago Pérez Pons; Sebastián Lazzarini; Nicolás Slimel; Carim Peche; Mariela Quirós; María Pía Chiachio Cavana; y Silvina Canteros Reiser.
El proyecto de ley 526/24 busca modificar el artículo 17 de la ley Nº 3792-H, para actualizar el monto de
$70.000 actuales a $150.000, dada la desactualización del mismo.
Con esta modificación, de aprobarse por la Legislatura, el artículo quedaría de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 17: Los municipios quedarán exceptuados de realizar aportes y contribuciones por las ayudas sociales que otorguen hasta el monto máximo de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), a personas desocupadas que no fueren beneficiarias de becas, jubilaciones, ayudas económicas, pensiones o retiros de cualquier jurisdicción pública o privada y por las que hubieren concedido con anterioridad a esta ley. Los recursos para financiar su erogación podrán ser de origen municipal, provincial o nacional”.
FUNDAMENTOS
El fundamento del proyecto se basa en que “el monto que perciben los beneficiarios del sistema establecido por la citada norma resulta significativamente inferior a las remuneraciones que corresponden al personal municipal permanente o transitorio, independientemente del carácter de ayuda social que aquel conlleva”.
La Ley 3792-H -antes Ley Nº 4768- fue sancionada en el año 2000 y crea e instrumenta los Programas de ayuda provincial (P.A.PRO.) y de ayuda municipal (P.A.M.). Por el Programa de ayuda municipal (P.A.M.), se instrumenta un sistema de asistencia a través de los municipios de la provincia, por un monto a determinar por la autoridad de aplicación.
