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Miraflores: proponen la titularización de 10.000 hectáreas de la reserva indígena

El proyecto de ley fue presentado en la Legislatura chaqueña por el bloque del Partido del Trabajo y del Pueblo. Además, se plantea generar políticas de arraigo para sus pobladores y ampliar el ejido municipal de la localidad.

El diputado Rodolfo Schwartz presentó el proyecto de ley 986/2023, que surge del trabajo conjunto entre el bloque del Partido del Trabajo y del Pueblo y diferentes áreas del Poder Ejecutivo, con el objetivo de abordar un proceso de titularización de las 10.000 hectáreas de la Reserva Aborigen, generar políticas de arraigo para sus pobladores y ampliar el ejido municipal de Miraflores.

Dicho trabajo se realizó en diciembre de 2022, en pleno receso administrativo, por lo que se acordó avanzar en el proyecto por decreto N° DEC- 2022- 3215- APP- Chaco, que comenzó a ejecutarse desde su aprobación y crea la «Mesa Estado Comunidad Indígena Miraflores».

La iniciativa presentada ahora por Schwartz ratifica dicho decreto, para que intervengan todas las áreas de los poderes correspondientes.

“Es deber del Estado reconocer la historia y los derechos preexistentes de los Pueblos Originarios y garantizar su absoluta efectivización, consagrados en el artículo 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional, artículo 37 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras normativas nacionales e internacionales, cuyo incumplimiento ha generado formas de deslegitimación de la propiedad comunitaria indígena y en consecuencia, un importante número de conflictos territoriales, y así también ha provocado procesos de migración constante desde las tierras que constituyen reservas aborígenes, sin enfocar el problema en las causas que promueven el éxodo de las comunidades indígenas”, indica el proyecto entre sus argumentos.

Se señala además que los “conflictos socios-comunitarios de Miraflores, en principio tiene como causales tres problemas definidos: la falta de titularización de las 10.000 hectáreas de reserva en favor de los Pueblos Originarios; el éxodo rural hacia la zona urbana de la localidad, generando un aglomeración poblacional ante la falta de espacio urbano disponible y prácticas naturalizadas de ocupación informal en tierras reservadas; lo que plantea la necesidad de agilizar el proceso de regularización dominial de esas tierras y de ampliar el ejido municipal, a efectos de la formulación de una planificación territorial que prevea un crecimiento ordenado y progresivo de la localidad”.

También se destaca el “trabajo de Rubén Omar Guillan, coordinador de la «Mesa Estado Comunidades Indígenas», junto con el Consejo de Recuperación Territorial de Miraflores, Asociaciones, voluntarios y el Bloque y equipos técnicos del PTP y la CCC, en el relevamiento y censo económico, social y sanitario de las familias que lograron las resoluciones del IDACh, para obtener las Personerías Indígenas, para la adjudicación de los títulos en propiedad comunitaria”.

“Además, estamos trabajando en el inicio de la capacitación de un Servicio de Techo, para la que se inscribieron más de 250 pobladores, semilleros, electrificación, perforadora y capacitación para obtener agua para beber y aguada para producir, como Programa Piloto inicial, que sirva para multiplicar por centenares, en la lucha por políticas de arraigo”, adelantó Schwartz.

 

AMPLIACIÓN DEL EJIDIO

En cuanto a la ampliación del ejido municipal, el decreto plantea que “se debe tener en cuenta las superficies de hectáreas acordadas y/o a acordarse eventualmente con las comunidades originarias con destino al crecimiento urbano de la localidad y la compensación por parte del Municipio y/o Provincia, de superficies equivalentes, debidamente aceptadas por las comunidades”.

“En momentos en que sectores antipopulares, racistas y antioriginarios, que como en la Legislatura de Mendoza, resolvieron que los Mapuche no son argentinos, pretendiendo deslegitimar la preexistencia de los pueblos originarios que establece nuestra Constitución, en Chaco, este decreto que debe ser ley, los avances de los trabajos realizados con el consenso y participación de todos los actores y el gran logro de la declaración de la Masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad, es un enorme avance en la lucha por la reparación histórica de los pueblos originario”, sostiene la iniciativa.

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