Los focos de protestas en Panamá se hacen cada vez más notorios. Las redes sociales informan a diario de personas desesperadas, desempleadas y en condiciones vulnerables durante la cuarentena total por la COVID-19 al no tener acceso a alimentos que distribuye el Gobierno nacional (con los llamados bonos solidarios).
Debido a los despidos y el cese laboral -que no da acceso a un salario para alimentos, medicinas, salud, entre otras- algunas comunidades salieron a protestar en solicitud de un auxilio, lo que ha conllevado arrestos y la apertura de procesos judiciales. “Durante las protestas recientes en Alcalde Díaz, estas personas han sido reprimidas y arrestadas por autoridades de Policía”, destacó Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Federico Britton, un partido popular.
Por su parte, el Movimiento Comunal Federico Britton ha cuestionado reiteradamente desde la agudización de la pandemia en el país a la falta de ayuda en distintas comunidades. También, existen denuncias de familias que no reciben asistencia por no ser copartidarios del representante oficialista del lugar. Señalaron en sus comunicados estas acciones como “discriminatorias” y de “sometimiento al hambre”.
En respuesta, la Contraloría General de la República publicó un comunicado anunciando que la Comisión de Justicia y Paz, en representación de la Conferencia Episcopal Panameña, participará en una auditoría del bono solidario y las bolsas de alimentos que se han entregado a una parte de la población.
PANDEMIA DEL HAMBRE
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) advirtió en un nuevo informe que alrededor de 265 millones de personas en países de ingresos medios y bajos sufrirán inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020, a menos que se tomen medidas rápidas.
