Una investigación realizada entre febrero y diciembre de 2022 por el Observatorio de Conflictos Sociales (CES) UNNE y la Red de Derechos Humanos Corrientes, con el apoyo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, reveló profundas desigualdades y violaciones de derechos humanos en las mujeres encarceladas en instituciones provinciales y federales. El informe publicado recientemente tomó como marco normativo las Reglas de Bangkok de la ONU, que establecen estándares internacionales para el trato digno de las mujeres privadas de libertad.
El estudio se basó en cerca de 60 casos en la provincia, con predominio de prisión domiciliaria en el fuero federal y detenciones en centros como la UP3 (Instituto Pelletier), UP10, comisarías de la mujer, delegaciones de Gendarmería y Policía Federal. Entre las estadísticas destacaas están que son mujeres de entre 30 y 39 años, madres y sostén de hogares monoparentales, provenientes de contextos de pobreza y exclusión.
Los delitos más comunes son vinculados al narcomenudeo, “lo que refleja estrategias de supervivencia en entornos adversos”, señala el informe. También se registraron causas por delitos contra las personas, la integridad sexual y la vida. “El encarcelamiento de estas mujeres no solo responde a hechos delictivos sino también a un sesgo clasista y patriarcal en el sistema penal, que suele castigarlas con mayor dureza que a sus pares varones”, también agrega el estudio.
CONDICIONES DE DETENCIÓN
Los datos recabados en el informe ratifican condiciones que ya se presumían. Esto es: las mujeres alojadas en Corrientes enfrentan hacinamiento, falta de higiene y precariedad en servicios básicos. Muchas permanecen meses o incluso años en comisarías sin acceso a educación ni programas laborales.
La atención médica es insuficiente y deficiente, con escaso seguimiento de enfermedades crónicas y poca prevención. Testimonios revelan la ausencia de médicos y malas condiciones de higiene en espacios de aislamiento, como ocurrió en el hospital de campaña durante la pandemia. Además, “la lógica de medicalización se usa como forma de control y no como cuidado real. La salud mental también se ve afectada por interrogatorios inapropiados en instancias psicológicas y por la angustia derivada de la incomunicación familiar”, subraya.
Por otro lado, en los centros provisorios no hay acceso a educación, y aunque en la UP3 se ofrece enseñanza primaria, secundaria y formación profesional, los programas están atravesados por estereotipos de género. Las propuestas formativas reproducen roles tradicionales de esposa y madre, limitando la posibilidad de acceder a conocimientos útiles para la reinserción laboral. La falta de diversidad, sumada a la escasez de tecnología y talleres, profundiza la brecha digital y excluye a las mujeres de oportunidades educativas reales. Esto también impacta en la reducción de penas, ya que no pueden aprovechar los estímulos educativos previstos por la Ley 26.695.
Las opciones laborales son mínimas y mal remuneradas. En la UP3, la mayoría de las tareas son de limpieza o distribución de alimentos, con pagos irrisorios muy por debajo del salario mínimo y de lo que exige la Ley 24.660. Los montos percibidos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas o enviar ayuda a sus familias. No existen programas de trabajo productivo que fortalezcan la autonomía económica ni la reinserción social posterior.
El acceso a teléfonos y celulares sigue siendo limitado y discriminatorio en comparación con cárceles de varones. La pandemia profundizó este aislamiento, y aunque algunos fallos judiciales habilitaron el uso de celulares, las trabas persisten.
