(ANSOL/elDIARIO) La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) sancionó a la Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. por una presunta monopolización de la venta de arena en el Riacho Barranqueras. La resolución incluye multas combinadas por aproximadamente $2.000 millones que alcanzan a la entidad, a su Consejo de Administración y a personas vinculadas. La cooperativa rechazó la medida, denunció que la sanción surge de un conflicto privado y confirmó que apelará ante la Justicia para evitar la paralización definitiva de la actividad.
LA SANCIÓN
El organismo nacional sostiene que los ocho productores asociados a la entidad concentran la comercialización y poseen capacidad para fijar los precios del mercado. Sin embargo, la defensa legal de la cooperativa argumenta una contradicción entre las reglas de libre competencia y la ley de cooperativismo:
Fijación democrática de precios: La entidad funciona como una herramienta donde los asociados establecen valores de comercialización de manera conjunta a través de su Consejo de Administración electo.
Competencia externa: Según detalló el consejero Alberto Bría, existen más de 30 areneras operando en la zona del Riacho Barranqueras fuera de la estructura de la cooperativa.
Origen de la denuncia: Desde la conducción afirman que la investigación administrativa se originó por un litigio particular entre privados («un conflicto entre un padre y un hijo») que terminó salpicando a la institución.
IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL
A punto de cumplir 46 años de trayectoria, la Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste de Chaco enfrenta la crisis más severa de su historia. El impacto abarca dos frentes críticos:
Riesgo de quiebra: La suma de las multas impuestas coloca en situación de quebranto tanto a la cooperativa como a los patrimonios de sus socios, tras más de un año sin operar por factores climáticos (sequía e inundaciones) y por el parate de la demanda.
Pérdida de puestos de trabajo: La paralización amenaza entre 70 y 80 empleos directos de los productores asociados, además del impacto en talleres, repuestos, estaciones de servicio, astilleros y proveedores logísticos de la región.
LA APELACIÓN
La asesora legal de la entidad, Silvia Kesselman, acompañará la presentación de una apelación ante los tribunales. La estrategia buscará que la Justicia federal o provincial revise la actuación del organismo nacional, al que cuestionan por emitir la sanción sin inspecciones presenciales en el lugar, y reconozca la naturaleza jurídica de la comercialización asociativa.
