Asimismo, explicó que existen diferentes tipos de infracciones y, señaló que hubo un cambio en la recaudación a partir de la implementación de nuevas tecnologías de control. En este sentido, Marcesky resaltó que todos los procedimientos son realizados bajo la ley Nº 26331 y su correlato provincial Nº 16105.
Ambas normativas establecen presupuestos mínimos para las habilitaciones, autorizaciones y permisos y para las sanciones y multas. De este modo, si la irregularidad es mínima se procede a exigir la restauración del área dañada, la cual aplica a los pequeños productores.
Por otro lado, las sanciones incrementan gradualmente y cuando se tratan de delitos más graves, se suele exigir la incautación de la madera y las herramientas utilizadas en el acto. “Esto podría suceder en esta ocasión si se determina que el daño fue importante”, consideró el funcionario.
Además, el organismo contempla la diferencia entre el daño realizado por un pequeño productor a partir de una quema o limpieza del monte, para poder plantar y comer, y las irregularidades de aquellos que, utilizando maquinaria valuada en millones de pesos y enfocados en otro tipo de negocios, producen un perjuicio mayor. En esos casos, la multa mínima alcanza al equivalente de 300 veces el sueldo mínimo de la Administración Nacional, es decir, entre 10 y 30 millones de pesos.
Marcesky señaló que la voluntad, la decisión y el mandato político es “ser severos ante estas situaciones” ya que Misiones se encuentra en una etapa en la cual la defensa del bosque nativo es clave, de modo que se están desarrollando herramientas para mejorar el ingreso de las personas que poseen bosques nativos: “No existe la posibilidad de apartarse de la aplicación taxativa de la ley, y las multas irán aumentando”, consideró
