Bajo la consigna «La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja», una masiva movilización se convocó el jueves en la plaza 25 separa rechazar el polémico proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la flexibilización de la extranjerización de tierras argentinas.
A pesar de las adversidades climáticas y las bajas temperaturas, la manifestación reunió a lo largo de tres cuadras a una multitud de ciudadanos autoconvocados, miembros de organizaciones sociales, sindicatos y referentes políticos locales, quienes se unieron en un fuerte reclamo en defensa de los recursos naturales y la soberanía territorial.
El impacto en la provincia: 1,6 millones de hectáreas en riesgo
El momento central de la jornada tuvo lugar al cierre de la marcha, cuando se dio lectura a un documento conjunto.
En el texto, los manifestantes advirtieron con alarma sobre el impacto directo que la normativa tendría a nivel regional:
“En el Chaco, la extranjerización de tierras pondría en riesgo 1,6 millones de hectáreas, entregando el patrimonio productivo y soberano a manos extranjeras y profundizando la vulnerabilidad de las comunidades locales”, alertaron en el escrito.
Clima caliente en el Senado y posición dividida de los representantes chaqueños
Mientras las calles de Chaco y distintos puntos del país mostraban un contundente rechazo a la iniciativa, en la Cámara de Senadores de la Nación se llevaba a cabo el debate caliente de la norma.
El poroteo previo anticipaba una definición sumamente ajustada en el recinto, donde el proyecto requería construir mayorías en un escenario de extrema paridad. En este contexto, la representación legislativa por la provincia de Chaco quedó dividida de la siguiente manera:
Silvana Schneider (oficialismo): Acompañó con su voto positivo la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza): Respaldó el proyecto emitiendo también un voto a favor.
Jorge Capitanich (bloque opositor): Se expresó en la vereda opuesta, votando de manera negativa y manifestando duras críticas al proyecto al considerar que debilita los controles estatales sobre el suelo nacional.
