Finalmente, luego de casi dos años de juicio oral, el 24 de mayo dará por concluida la Causa Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco. Ese día, probablemente en horas del mediodía, el tribunal de magistrados que llevaron adelante el proceso dictará la sentencia en la causa, en la cual se juzgaron torturas y desapariciones forzadas perpetradas en las instalaciones clandestinas del edificio que hoy funciona como sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM Chaco).
A raíz de los retrasos en las obras de restauración de la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, la sentencia para los genocidas de la “Patota de Investigaciones” coincide con la reapertura del edificio, la cual se halla en proceso en tanto se están terminando una serie de refacciones y las distintas áreas de la institución se encuentran instalándose en el renovado espacio. Sobre estas cuestiones, elDIARIO de la Región dialogó con Martín Peralta, integrante de HIJOS Chaco y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
Cabe remarcar que el lunes se realizará en la Casa por la Memoria una conferencia de prensa en la cual los organismos de DD. HH. integrantes de la entidad convocaran a la comunidad al acompañamiento de la histórica sentencia en ciernes. En relación con esto último, Peralta planteó: “Las causas por delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura se han demorado en todo el país, a nadie escapa que en esto ha habido una fuerte incidencia del poder político nacional para desalentar el desarrollo de estos juicios. Varios de los que están en el Gobierno hoy estuvieron vinculados de alguna u otra manera con la anterior dictadura. Creemos que la permanente acción de los organismos de DD. HH. colabora a que esos juicios prosigan. Esperamos que las sentencias sean correspondientes a los delitos que estos criminales cometieron”.
Por ello, desde la CPM Chaco organizan para el 24 una “audiencia pública ampliada, porque se trata de un juicio oral y público y creemos que es importante ese día marcar una presencia de todos los sectores sociales y de particulares de Chaco con un compromiso con la Memoria la Verdad y la Justicia”.
Consultado sobre la duración de este juicio, que comenzó el 16 de junio de 2016, Peralta afirmó que “este tipo de procesos no pueden extenderse tanto, con audiencias una vez cada quince días, licencias y ferias en el medio. Debieran acelerarse para darle una conclusión. Las familias siguen sufriendo la desaparición, los y las sobrevivientes que prestan testimonio sienten la revictimización, y además hay una cuestión biológica que hace que los retrasos y demoras implique la pérdida de testimonios, o aún que haya genocidas que escapen a una condena judicial”.
DICTADURA Y “PESADA HERENCIA”
Sobre la íntima relación entre los crímenes como los que se juzgan en Caballero II y el armado de un modelo económico desigual y destinado a asegurar la “miseria planificada” tal y como lo describió en modo magistral Rodolfo Walsh, Peralta precisó; “No podemos ser ciegos a que la situación económica, más en estos tiempos de regreso a políticas de crisis financiera y caída del aparato productivo, se relaciona con lo que dejó plantado la dictadura militar. Entonces, si hoy los gobernantes tienen dificultades para gobernar por problemas económicos; eso tiene que ver con que las grandes empresas y el capital financiero ejercen una presión cada vez mayor, y en paralelo debilitan todas las políticas de DD. HH-, no sólo las vinculadas con los juicios sin no todas, absolutamente todas; desde la Asignación Universal por Hijos, la pensión por discapacidad, y todo tipo de institución vinculada al ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, y añadió: “Se acentúan los derechos de unos pocos, que no pagan retenciones como los pooles de siembra, no tributan capitales ni grandes empresas, los tenedores de capital blanquean los fugado, los terratenientes acrecientan patrimonio, mientras los gobernantes locales tienen serias dificultades para gobernar para el pueblo que los elije”.
ESCASEZ DE RECURSOS
Por otra parte, sobre la reapertura de la Casa por la Memoria, señaló; “Estamos contentos de haber llegado a esta Casa que es la sede de la CPM Chaco, si bien con una gran demora; una obra que estaba programada para durar seis meses terminó durando tres años. Consideramos que a veces los gobiernos no son del todo conscientes o no toman una verdadera dimensión de que la existencia de esta democracia tiene en gran medida que ver con las luchas por la Memoria y el reclamo de Justicia”.
Con todo, la cuestión de la sede, si bien para nada menor, no es la única problemática que atraviesa al espacio; “Así como la demora en la terminación de la obra, acá también hay una gran dificultad para el financiamiento de las actividades, el cumplimiento del presupuesto que nos corresponde, aprobado por la cámara de diputados. Si la cuestión presupuestaria para el funcionamiento mismo de la institución y también para la realización de las tareas para la que fue creada, no es una casa que está en el centro de Resistencia, sino una Comisión que tiene que llegar a toda la provincia”, y comentó: “Lamentablemente, a pesar del empeño del equipo de guías y talleristas, con integrantes bajo condiciones de precarización laboral incluso, en la mayoría de los casos no podemos salir del área de escuelas metropolitanas”.
RECLAMO AL ESTADO
Por todo lo anterior, Peralta fue contundente en subrayar lo imperioso de una mayor implicancia por parte del Estado; “Los recursos no aparecen y lo que se resiente con esto es el acceso de la población a la información. Y como dije recién esta realidad tiene muchísimo que ver con ese pasado reciente y en la medida que no la abordemos con el compromiso que debemos, será un futuro, tan pesado como el presente en el que eso ya se empieza a notar y estamos viviendo”.
En esa línea, expuso el reclamo a los tres poderes del Estado para que “asuman más allá de lo discursivo el compromiso con las políticas de Memoria, porque en la medida de que se demore en castigar los peores crímenes y en la medida en la que realmente no se difundan los contenidos y actividades que aquí se produce vamos a seguir debilitando al conjunto de la sociedad. Hacemos un llamado de atención y un pedido de compromiso más vigoroso de parte del Estado porque es a quien le corresponde garantizar los derechos de la población”.
Por último agregó; “Este llamado de atención lo destinamos no solamente al Gobierno, también a los diputados y aún al Poder Judicial, a concejales, intendentes, que rara vez abordan el tema”.
